La consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, Mari Carmen Maeztu, ha señalado este martes, en comparecencia parlamentaria, que entre 2014 y 2019 el Ejecutivo foral ha hecho una "importante apuesta" por la mejora de los recursos sociales y socio sanitarios para personas con enfermedad mental, incrementando la inversión en un 42 por ciento, de 8,2 millones a 11,6.

Según ha detallado, en la línea con lo establecido en el plan de discapacidad "se está avanzando en la desinstitucionalización y aumentando los servicios en el ámbito comunitario, como pisos tutelados, supervisados y viviendas con apoyo", con el objetivo de "favorecer la integración social efectiva de las personas con enfermedad mental grave, en las mejores condiciones de autonomía y calidad de vida posibles".

Maeztu ha señalado que estos años citados las personas atendidas han crecido de manera "sustancial". "Un reflejo es que la suma de plazas y prestaciones ha crecido un 16 por ciento", ha comentado, para añadir que "debemos reforzar y mejorar todos los aspectos preventivos mejorando en la promoción y atención de la salud mental basada en los derechos". "Se trata de invertir más en servicios psicosociales que estén integrados en la atención primaria y los servicios comunitarios para empoderar a los usuarios y respetar su autonomía", ha dicho.

Ha explicado la consejera que el gasto de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas (ANADP) en recursos para personas con enfermedad mental, incluidas las prestaciones vinculadas al servicio (PVS), se ha incrementado en un 42 por ciento, pasando de 8,23 millones en 2014 a 11,66 en 2019. Las plazas concertadas, ha continuado, han aumentado un 5 por ciento, hasta 923 plazas en 2019 y las plazas con PVS un 153 por ciento, 197 plazas en 2019.

En listas de espera, Maeztu ha indicado que "si se comparan las plazas disponibles por recursos socio-sanitarios y la lista de espera de dichos recursos, se ve el aumento de la demanda en recursos de carácter comunitario: residencia-hogar, pisos tutelados y supervisados y viviendas con apoyo". "Lo ha habido en términos de PVS, con lo que se ha podido cubrir las necesidades de las personas, siendo necesario consolidar estas plazas a través de concierto", ha dicho.

No obstante, ha señalado que están trabajando con "un nuevo paradigma diferente al que se diseñó en el programa trastorno mental grave aprobado en 2005 y reformulado en el 2010". "La apuesta es por recursos más pequeños e integrados en la Comunidad como las modalidades de piso tutelado, piso supervisado y vivienda con apoyo" ha precisado, para exponer que "hemos aumentado la cobertura, bien con concierto y con prestación vinculada, pasando el número de plazas de 30 a 95".

Ha continuado la consejera señalando que "bajan las listas de espera en plazas RAEM y en centros de rehabilitación psico-social (CRPS) y sube la lista de espera en el equipo de intervención sociocomunitaria, pasando de 12 en 2014 a 36 en 2019".

Maeztu ha explicado que en Navarra, la ratio de plazas en residencia asistida para enfermedad mental (RAEM) y residencia hogar alcanza el estándar de calidad señalado por la Asociación Española de Neurocirugía (20 plazas por 100.000 habitantes). Y en cuanto a la ratio en centros de rehabilitación psico-social supera las 25 plazas en centro de día y las 30 plazas en programas. "En total la ratio en CRPS supera las 55 plazas por 100.000 habitantes, ratio muy superior a la estándar de la AEN (20 plazas)", ha indicado.

La consejera ha manifestado también que la apuesta del departamento "debe ir en reducción de las plazas RAEM y en la sustitución de éstas plazas por pisos en sus diversas modalidades y también en el apoyo a proyectos de vida independiente, puesto que muchas personas con enfermedad mental grave quieren y pueden vivir con los apoyos necesarios de una manera autónoma".

Según ha dicho, "para ello, es necesario el desarrollo de una atención más integrada entre los servicios sanitarios y sociales y donde se priorice las intervenciones de promoción y prevención comunitaria". "Estamos en ese cambio de orientación de la atención a la enfermedad mental grave", ha apuntado.

En cuanto a los centros ocupacionales, Maeztu ha indicado que la subvención en 2019 alcanzó la cantidad de 1,8 millones, un 27 por ciento más que en 2014. Las plazas han pasado de 205 en 2014 a 215 en 2019. "No hay lista de espera y se ha mejorado el acceso a este servicio puesto que se han reducido los plazos de valoración para su acceso", ha precisado.

En lo que respecta a los centros especiales de empleo, ha informado de que el número de trabajadores con discapacidad por enfermedad mental que están subvencionados aumenta un 37 por ciento en el periodo 2015-2019. "Sin embargo, la subvención por coste salarial aumenta un cien por cien en el año 2019 con respecto a 2014, debido a las variaciones en el SMI, dato de referencia para la subvención", ha detallado, para comentar que el número de trabajadores beneficiarios por las unidades de apoyo en 2018 y 2019 asciende a 70 trabajadores, habiendo aumentado un 43 por ciento.

La consejera ha explicado que tienen previsto en 2022 sacar a licitación un acuerdo marco para aumentar plazas concertadas con "una clara orientación comunitaria" y reordenar la atención residencial en el ámbito de la salud mental, "optando por reducir al máximo las plazas RAEM y aumentar las plazas concertadas de pisos tutelados, supervisados, con apoyo y otros modelos de vivienda".

En el ámbito de fomento del empleo para las personas con enfermedad mental grave, Maeztu ha hablado de apoyo a la contratación de estas personas, revisión de los incentivos a la contratación, ejecución de un programa específico para la inserción laboral en el mercado ordinario para perfiles que hayan pasado por centro ocupacional y centro especial de empleo, y por acciones de sensibilización a empleadores.

En materia de mejora de la empleabilidad, ha destacado el desarrollo de itinerarios formativos personalizados para el acceso a certificados de profesionalidad, desarrollo de programas de formación online, orientación para el empleo.

Por su parte, la parlamentaria de Navarra Suma Marta Alvárez ha criticado un "ejercicio de autocomplacencia" por parte de la consejera y ha dicho que "no he escuchado ni una palabra de autocrítica". "El informe dice que ha habido mayor gasto en los servicios sociales sociosanitarios, no se puede negar; pero el análisis hay que hacerlo en términos de resultados, y ha habido un aumento en las listas de espera", ha dicho.