Un proyecto piloto de la Dirección General de Justicia ha convertido a Navarra en la primera región española en ofrecer el servicio de justicia restaurativa a víctimas de abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia Católica, según ha informado el Gobierno foral.
Por el momento se han concluido dos procesos restaurativos pioneros con sendas víctimas. En ellos, ha añadido, se ha creado un espacio seguro para que estas personas compartan sus necesidades, busquen respuestas a sus preguntas e identifiquen los actos necesarios de reparación del daño, en la medida de lo posible.
A partir de enero este tipo de intervención se convertirá en una prestación garantizada para todas las personas que sean reconocidas como víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica y así lo soliciten. Navarra es, por tanto, la única comunidad que cuenta con un servicio público que garantiza la posibilidad de participar en procesos de justicia restaurativa a las víctimas de abusos, ha precisado el Gobierno.
Según tiene conocimiento el departamento de Interior, Función Pública y Justicia, habría ya 10 víctimas interesadas en participar en estos procesos, que el reciente informe del Defensor del Pueblo nacional califica como un enfoque válido para acompañar y atender las necesidades de las víctimas de estos abusos.
Hace poco más de un año se constituyó una comisión formada por personas expertas para reconocer a las víctimas de ataques contra la integridad física, la indemnidad y la libertad sexual en el ámbito de la Iglesia Católica en Navarra. Esta comisión está trabajando en este momento en 26 casos de un listado de 55 y ha reconocido ya a seis víctimas, un número que se incrementará en próximas semanas hasta rebasar la decena.
LA JUSTICIA RESTAURATIVA
Según el Ejecutivo, en la mayoría de estos casos, la persona que cometió los abusos ha fallecido, por lo que las intervenciones no utilizan la mediación (metodología más habitual que se usa en la justicia restaurativa intrajudicial) sino que buscan lograr una reparación moral a través de métodos más flexibles e indirectos. Estos procesos están exentos de finalidad punitiva, respetando con plena garantía los deberes y obligaciones de abstención, concurrencia y sujeción a los pronunciamientos judiciales.
La justicia restaurativa se sustenta en los valores de justicia, solidaridad, responsabilidad, respeto a la dignidad humana y verdad, ha detallado el Gobierno. Siempre es voluntaria y confidencial, teniendo como objetivo principal la reparación moral de las personas dañadas. A juicio de la Dirección General de Justicia, "la garantía de unos servicios públicos de calidad en este ámbito es imprescindible para construir una sociedad cohesionada en su diversidad".
La Ley Foral 4/2023, de 9 de marzo, de Justicia Restaurativa, Mediación y Prácticas Restaurativas supuso un hito en esta dirección, al asumir el Gobierno de Navarra la obligación de garantizar la existencia de servicios, programas y procesos de con esta finalidad en todo el territorio de Navarra.