El Constitucional tiene sobre la mesa dar un golpe de timón en uno de los mayores casos de corrupción de los que ha sido testigo España. Y es que, el tribunal podría anular parcialmente el delito de malversación a la exconsejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, condenada a seis años de prisión y 15 de inhabilitación por los ERE. Un escenario que, en la práctica, dejaría las penas impuestas en la causa en prácticamente nada, tras el fallo dictado sobre la prevaricación la pasada semana, y que afectaría de lleno a uno de los principales implicados: el expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán.

En concreto, en un borrador de la sentencia, la vicepresidenta de la Corte de Garantías, Inmaculada Montalbán, señala que la Audiencia de Sevilla y el Supremo se extralimitaron e hicieron un control constitucional velado de la Ley de Presupuestos, ya que no eran competentes para decidir si aprobar dicha norma suponía una ilegalidad.

Este planteamiento abriría la puerta a que se exculpe del delito a los otros condenados por malversación, entre ellos Griñán. No obstante, en su caso habrá que esperar hasta mediados del mes de julio para ver qué decisión adopta el Constitucional.  

Martínez Aguayo fue condenada a seis años de cárcel por un delito de prevaricación en concurso con malversación de los que ha cumplido año y medio, ya que actualmente se encuentra en tercer grado. La ponencia mantiene que, al ser delitos que están conectados, no se puede perdonar la prevaricación sin hacer lo mismo con la malversación, pues entiende que la redacción de los Presupuestos por parte del Ejecutivo andaluz es un acto gubernativo y no administrativo, y, por tanto, no está sujeto a control penal.

Esta ponencia iría en línea con la que el pleno aprobó la semana pasada, que amparó parcialmente a la exministra y exconsejera andaluza, Magdalena Álvarez, por su condena en el caso y ordenó a la Audiencia redactar una nueva sentencia que rebaje considerablemente los nueve años de inhabilitación por prevaricación.

En el fallo, el tribunal ordenó dictar una nueva resolución que excluyese los hechos relacionados con la aprobación de los anteproyectos y proyectos de Ley de Presupuestos y de modificaciones presupuestarias amparadas por dicha ley en los años 2002, 2003 y 2004.

En la sentencia relativa a Álvarez, el Constitucional fijó que los anteproyectos y proyectos de Ley de Presupuestos, así como sus modificaciones, ni son resoluciones ni han recaído en un asunto administrativo, al tratarse de actos dictados por el Poder Ejecutivo en el ejercicio de su función de Gobierno que le atribuye el Estatuto de Autonomía de Andalucía. 

En este sentido, incidió en que no son asuntos gubernativos sujetos de control penal y que «si los proyectos tuvieran que respetar el contenido de las normas nunca podrían llevarse a cabo las modificaciones de las leyes existentes, pues los cambios normativos tienen como objeto establecer una legislación diferente de la que se encuentra en vigor». 

16 de julio

Está previsto que el 2 de julio, además de estudiar el recurso de Martínez Aguayo, la Corte de Garantías someta a análisis los recursos de amparo de los condenados Francisco Vallejo Serrano, Antonio Fernández García, Jesús María Rodríguez Román y Miguel Ángel Serrano Aguilar. Según precisó el tribunal, la prioridad para deliberar estos asuntos el 2 de julio se debe a la situación personal de prisión en la que se encuentra cada uno de ellos. 

De este modo, en el siguiente pleno, el del 16 de julio, los magistrados abordarán los recursos de los expresidentes de la Junta Griñán y Manuel Chaves contra la sentencia por la que se les condenó a seis años de cárcel por prevaricación y malversación y nueve años de inhabilitación por prevaricación, respectivamente.

También los del exconsejero Gaspar Zarrías y del exviceconsejero Antonio Vicente Lozano, condenados a inhabilitación por delitos de prevaricación.