El comisario de Justicia, Didier Reynders, ha llamado de nuevo este lunes a las fuerzas políticas en España a renovar con "urgencia" el Consejo General del Poder Judicial e iniciar "inmediatamente después" el proceso de reforma del sistema de elección de sus vocales, dejando claro que ese es el proceso que prefiere Bruselas pero que está abierto a examinar soluciones alternativas si el acuerdo entre partidos es empezar por una reforma que desbloquee la situación.
"Mi experiencia es que los procesos de reforma son más largos que una sencilla, si se puede decir sencilla, renovación de un Consejo", ha defendido Reynders en una rueda de prensa acompañado por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, al término de una reunión a 27 en Bruselas.
Con todo, ha añadido, si el diálogo entre los partidos conduce a una propuesta la Comisión "lo examinará" y si ese proceso permite una reforma "compatible con los estándares europeos" y permite la renovación rápida del CGPJ, Bruselas "no se opondrá".
El comisario ha recordado así que en las últimas dos ediciones del informe anual sobre el Estado de derecho en los Estados miembro, las recomendaciones a España pasan por la urgente renovación del CGPJ y una posterior reforma, tal y como él mismo explicó a los partidos políticos y actores judiciales en su viaje de verano de 2022.
"Deseamos avanzar de esa manera, pero la Comisión está abierta al diálogo si recibimos una propuesta que sea objeto de acuerdo entre las formaciones políticas en España", ha explicado al respecto Reynders, quien ha apuntado que una vez superado el periodo electoral y la formación del nuevo Gobierno la "prioridad" es resolver la situación del CGPJ.
"Después de cinco años es más y más urgente la renovación", ha remachado el comisario, en referencia a que justo este lunes se cumple un lustro desde que el CGPJ debió renovarse, mientras que el ministro Bolaños ha defendido que el bloqueo es una "preocupación máxima" compartida por el Ejecutivo comunitario y el Gobierno.
Preguntado por una eventual llamada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al líder del PP, Alberto Núñez-Feijóo, para abordar la renovación, Bolaños ha advertido que el líder de la oposición también puede tomar la iniciativa del contacto pero que, en todo caso, se producirá "cuando se considere conveniente".
Preguntas pendientes sobre la amnistía
La rueda de prensa en Bruselas ha sido la primera ocasión en que Reynders y Bolaños comparecen juntos después de que la semana pasada ambos se vieran en Bruselas para hablar de la ley de amnistía y trascendieran interpretaciones distintas del resultado de la reunión. Entonces, Bolaños afirmó que, en el marco de la ley de amnistía, la Comisión tenía "cero preocupación" por el Estado de derecho en España, pero el portavoz de Reynders advirtió de que el comisario no trasladó esa conclusión al ministro puesto que el análisis "sigue en marcha".
Este lunes, el ministro ha defendido que hay plena sintonía entre Bruselas y el Gobierno porque están plenamente "alineados" en un proceso de diálogo "con preguntas y respuestas a todas las preguntas, con total transparencia, normalidad".
Se trata de una colaboración que ambas partes asumen con "total lealtad y confianza", ha dicho el ministro, que se ha reiterado en sus palabras del pasado jueves respecto a la "nula preocupación" sobre la salud democrática en España y ha dado por resuelto el debate sobre las divergencias de interpretación.
El comisario, por su parte, se ha mantenido en la versión que Bruselas compartió el viernes en tanto en cuanto sus servicios no tiene aún una evaluación de la ley de amnistía porque el examen no concluirá hasta que la ley cumpla su tramitación parlamentaria y adopte su versión definitiva, incluidas enmiendas.
Así, Reynders ha confirmado que existe una "posición común sobre el procedimiento", lo que implica un "diálogo con preguntas y respuestas" con el Gobierno, pero ha dejado claro que "sobre el fondo, la posición de la Comisión no llegará hasta el final del proceso".
El comisario de Justicia también ha querido recalcar que la posición de la Comisión Europea respecto a la situación de Cataluña no ha cambiado en tanto que lo considera un asunto "interno" que debe ser resuelto en España dentro del marco constitucional.