La directora general de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, Ana Bretaña, ha señalado este viernes que no hay "toxicidad" en los residuos que se tratan en la planta de Artajona y ha defendido el "trabajo riguroso que se lleva haciendo con esta instalación desde 2016".

Así, después de que el Gobierno foral exigiera a la planta que dejara de recibir lixiviados procedenes de Guipúzcoa, Bretaña ha afirmado que "los mecanisos administrativos han funcionado, el caso se ha detectado, se ha eliminado la fuente, se sigue trabajando en la reparación y no ha habido errores administrativos".

Además, en una comparecencia parlamentaria a petición de UPN, a la que también ha acudido el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, José María Aierdi, Ana Bretaña ha resaltado el trabajo de coordinación "extraordinario" que han desarrollado el Guarderío de Medio Ambiente, la Policía Foral y el Seprona de la Guardia Civil.

El consejero ha subrayado que "en ningún caso el departamento ha pretendido tapar absolutamente nada, sino que ha facilitado toda la información disponible y ha actuado con la máxima diligencia desde el momento que ha tenido información a ese respecto". "Aquí hay una mala praxis evidentemente, una mala praxis por parte de dos empresas, una empresa receptora de un producto y una empresa emisora de un producto que no podía haber trasladado a esta planta", ha señalado.

Bretaña ha afirmado que en los últimos análisis realizados no se ha detectado "ninguna toxicidad, no hay problemas", y ha indicado que "esto nos viene a ratificar lo que nosotros nos presuponíamos, no se presupone toxicidad, la razón por las que no se debe recibir este residuo es por su condición de líquido".

En paralelo, la directora general ha afirmado que también se ha llevado a cabo un operativo de control coordinado entre Policía Foral y Guarderío. "Básicamente la Policía Foral lo que ha hecho es controlar que tanto camiones como cisternas no estaban llevando materiales que no estuvieran autorizados y, por otra parte, el guarderío se centró principalmente en el controlado del nivel de las balsas", ha indicado.

La directora general ha señalado que, "identificado el problema de lixiviados, la principal prioridad de la Dirección General de Medio Ambiente fue que se cesara la recepción de dichos residuos y, sobre todo, el tener conocimiento de la situación real dentro de la planta".

La empresa obtuvo la autorización ambiental integrada en 2016. "Es una instalación que ha tenido y tiene un profundo seguimiento por parte de la Administración foral, seguimiento que se remonta a muchísimo antes de la petición de información del Seprona en relación a los lixiviados de Guipúzcoa", ha explicado.

De hecho, ha señalado que, en función de la peligrosidad de la planta, "era una instalación que se tendría que visitar una vez cada tres años", pero el Gobierno de Navarra, "viendo la situación y las deficiencias constatadas en su funcionamiento, cambió a una visita cada seis meses, es decir, se multiplicaron por seis los niveles de inspección que tiene este tipo de instalaciones". "Todo este procedimiento se ha traducido en una serie de expedientes sancionadores. A día de hoy, la empresa cuenta con cinco expedientes sancionadores ya cerrados, dos en curso con resolución ya finalizada y este último que está con resolución de inicio", ha explicado.

Bretaña ha señalado que, "una vez identificado el problema e identificada la solución, que en primera instancia es evitar que entre el residuo en Navarra, entra toda la burocracia y el procedimiento administrativo". Según ha concretado, el punto de partida es el expediente de inspección, en el que se determina que de forma "inmediata" la planta tiene que cesar de recibir ese tipo de residuos.

La directora general ha negado que existiera una "connivencia" con Euskadi y ha subrayado que el 22 de diciembre el Gobierno de Navarra trasladó al Gobierno Vasco un informe en el que se solicitaba el cese del envío de estos residuos, algo que previamente, el 27 de noviembre, ya se había trasladado a la empresa.

UPN PIDE QUE "SE ACLARE TODO MUCHO MÁS"

El portavoz de UPN, Miguel Bujanda, ha señalado que ha terminado "preocupándome todavía más" la intervención de la directora general y ha señalado que "no sabemos cuántas miles de toneladas de compost han salido sin ningún tipo de control". Además, ha reprochado al Gobierno de Navarra que "no han sido diligentes y por esa falta de diligencia están atentando contra el medio ambiente, contra la salud y contra la fertilización de las tierras". "Queremos que se aclare todo mucho más y que esto no se convierta en un vertedero descontrolado", ha afirmado.

El portavoz del PSN, Carlos Mena, ha asegurado que "Navarra ha actuado conforme debía, conforme a la normativa", y ha indicado que "desde el principio nos ha parecido que era un tema de máxima preocupación por el riesgo que conllevaba para el medio ambiente". Mena ha destacado que la directora general ha ofrecido una información "detallada y rigurosa", pero ha lamentado que para UPN "nunca es suficiente", porque "la actitud que tienen no es otra que la de sembrar duda y embarrar".

Por parte de EH Bildu, Adolfo Araiz ha afirmado que "la conclusión de todo esto es que nos han metido gato por liebre y al propio departamento le han metido gato por liebre". "El departamento ha tenido que reaccionar para realizar las inspecciones, ha tenido que modificar el programa y el calendario de inspecciones porque esa planta tenía problemas en su funcionamiento. Estaban trayéndose lixiviados de una planta incineradora", ha dicho, para indicar que "la mayor parte de la culpa la tiene la empresa de Artajona, que es la que primero se deja engañar".

El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha señalado que "no ha habido ni connivencia ni inacción" del Gobierno de Navarra en este caso y ha subrayado que "se detectaron las irregularidades que estaba haciendo esta empresa con anterioridad al inicio de la denuncia". "Había inspecciones que se duplicaron, pasaron de hacerse cada tres años a seis meses. Se detectó la presencia de lixiviados. Hay un expediente encima de la mesa para actuar con el cierre de la propia planta, una medida proporcional a la gravedad el asunto", ha destacado.

La portavoz del PPN, Irene Royo, ha señalado que este asunto es de "extrema gravedad" y ha añadido que tiene "la sensación de que el Gobierno de Navarra está también encubriendo una mala gestión del Gobierno Vasco". "No tenemos pruebas para decir que ha habido dolo en el sentido de realizar una acción que supone daño o perjuicio para otras personas por parte del Gobierno de Navarra. Tampoco culpa en el sentido de que haya actuado delictivamente, sin el debido cuidado, pero lo que está claro es que ha habido negligencia y descuido, falta de cuidado, desidia y dejadez en la gestión de este asunto", ha subrayado.

El portavoz de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán, ha advertido de que "estamos ante un evidente cúmulo de despropósitos medioambientales y ante una muy mala praxis empresarial". "La empresa ha estado asumiendo unas sustancias que sabía que no podía asumir", ha señalado. En todo caso, Guzmán ha valorado que "el Gobierno de Navarra ha detectado el problema, se ha eliminado la fuente del problema y está trabajando para buscar esa reparación necesaria".

Por último, el portavoz de Vox, Emilio Jiménez, ha destacado que "sí se ha demostrado parece ser que hay una mala praxis de la empresa, que no tenía esa autorización ambiental, y la Administración debe estar mucho más encima en esas empresas que pueden provocar un riesgo grave al medio ambiente y a la salud de las personas para evitar que se produzcan". "Ha quedado demostrado que ha habido una falta de coordinación entre administraciones".