Fiscalía relata que el procesado mantuvo desde 2010 una relación sentimental con una mujer con la que tuvo dos hijos. La relación cesó en diciembre de 2020 aproximadamente.
El fiscal da cuenta de tres violaciones perpetradas por el procesado en el domicilio de la mujer entre junio y julio de 2021, en una fecha no determinada pero estando la mujer en avanzado estado de gestación, y en marzo de 2022.
El procesado, se señala en el escrito, volvió a penetrarla vaginalmente en abril de 2022 en el domicilio tras darle bebidas que contenían clorferinamina, provocándole un estado de sedación-somnolencia.
Además, para impedir que la mujer llevase una vida normal, ha venido acercándose a su puesto de trabajo o domicilio, realizándole llamadas habitualmente, enviándole flores o dejándole notas manuscritas.
La perjudicada fue examinada por los psicólogos forenses adscritos al Instituto Navarro de Medicina Legal, que detectaron un cuadro preferentemente ansioso y sentimientos de culpabilidad, generándole alteración en su funcionamiento vital ordinario en los ámbitos personal, social y familiar principalmente.
El fiscal acusa al procesado de tres delitos de agresión sexual y pide una pena de 12 años de prisión por cada uno; prohibición de acercarse a menos de 300 metros de la mujer o comunicarse con ella durante 14 años; libertad vigilada durante 10 años; e inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividades que conlleven contacto regular y directo con personas menores de edad, por un tiempo de 17 años.
También le acusa de un delito de abuso sexual, por el que pide 10 años de prisión; prohibición de acercarse o comunicarse con la mujer durante 12 años; libertad vigilada durante 10 años; e inhabilitación para desempeñar actividades que supongan contacto con menores durante 17 años.
Por el delito de acoso, pide 1 año de prisión y prohibición de acercarse a la mujer o comunicarse con ella durante 2 años.
Solicita además el pago a la mujer de una indemnización de 24.000 euros por los daños morales sufridos.