El proyecto, impulsado por el 'coworking' El Hueco con la colaboración del Gobierno de Navarra, ha sido presentado este viernes por el director general de Administración Local y Despoblación, Jesús María Rodríguez, el director del Observatorio de la Realidad Social, Luis Campos, y el director de El Hueco, Joaquín Alcalde.

Según ha explicado Rodríguez, esta iniciativa pionera en España pretende “analizar el impacto que las diferentes normativas tienen en las zonas rurales e implementar mecanismos para facilitar su aplicación y garantizar un impacto positivo”.

Este proyecto, denominado Mecanismo Rural de Garantía o Rural Proofing, han explicado los ponentes, se desarrollará por un grupo de 50 mujeres y 50 hombres profesionales en distintas áreas como economía, empleo, fiscalidad, medio ambiente, cultura, turismo, educación, municipalismo y gobernanza que trabajarán de forma desinteresada.

Estos, ha explicado Rodríguez, se encargarán de “revisar que la legislación no sea lesiva para los intereses de las zonas rurales y no provoque más desigualdades ni más despoblación, sino que contribuya a la cohesión social y territorial”.

Alcalde ha dejado claro que el proyecto, a pesar de realizarse en Navarra “es para todo el país” y que con él no pretenden hacer política, sino que buscan “un estudio técnico que poder elevar a los políticos y que luego sean ellos los que actúen como consideren”.

“Ruralizar las leyes es una cuestión de justicia”, ha defendido, tras insistir que “los ciudadanos rurales tienen que tener las mismas oportunidades que los ciudadanos urbanos”.

Para conseguir una cohesión territorial, ha considerado Campos, se deben tener en cuenta “multitud de factores” y por ello son importantes “ejercicios de reflexión y propuesta en los que tenemos en cuenta todas las caras de la desigualdad territorial”.

En este sentido, ha destacado en que “no vamos a ser capaces de tener una sociedad económicamente desarrollada y socialmente justa si no tenemos en cuenta a todos los territorios” y esto “va a ser imposible solo con el impulso de las grandes ciudades”.

Un ejemplo de lo que pretenden conseguir con este trabajo, ha ilustrado Rodríguez, está en el plan de desescalada hacia la nueva normalidad implantado en abril del 2020, en el que se hizo una discriminación positiva hacia municipios con menos de 50.000 habitantes, donde no hubo tramos horarios debido a su dispersión, reducido tamaño y baja densidad de población.

Estos 100 profesionales, ha explicado Rodríguez, se dividirán en 15 áreas estratégicas de trabajo entre las que se encuentran municipalismo y gobernanza, legislación europea, fiscalidad, contratación pública, empleabilidad y emprendimiento, educación y cultura o movilidad y transporte.

Asimismo, se trabajará en el envejecimiento y salud, urbanismo y vivienda, medioambiente y energía, economía agropecuaria y forestal, tecnología y conectividad, comercio y turismo, comunicación, nuevas economías e innovación social.

El proceso, que ha dado comienzo hoy, contará con una primera etapa hasta el mes de junio en la que los grupos temáticos recopilarán y revisarán las políticas y normas que influyen o limitan el desarrollo rural para poner sus conclusiones en común en un trabajo de plenario.

Durante el segundo semestre, los grupos se centrarán en proponer alternativas al diagnóstico realizado y a final del año se presentarán públicamente los resultados.

Para finalizar el proyecto, se editará una guía con el Mecanismo Rural de Garantía que recogerá los puntos normativos conflictivos y las propuestas para su modificación en favor del impulso de una legislación que permita y promueva el desarrollo de las zonas rurales.

El documento hará referencia también al diseño de programas y estrategias para cubrir las necesidades de las comunidades rurales y pondrá en valor el potencial de estas zonas para aportar modelos de desarrollo innovadores, integradores y sostenibles.

Esta visión hacia la forma de legislar, ha destacado Alcalde, es compartida por la Unión Europea y así lo hizo ver en la Conferencia sobre Desarrollo Rural Cork 2.0 celebrada en 2016 en la que “se acordó que deberían ponerse en marcha mecanismos rurales de garantía en todos los países miembros”.

Según han indicado, este tipo de proyecto ha sido desarrollado en otros países como Reino Unido, Finlandia, Suecia, Canadá, Australia o Nueva Zelanda.