Nadie la quiere. La propuesta que ayer planteó el PSOE que persigue prohibir ejercer la acusación popular a partidos políticos y asociaciones o fundaciones vinculadas con ellos y con la que, desde su prisma, busca garantizar los derechos fundamentales frente al acoso derivado de «acciones judiciales abusivas», no convenció ni a formaciones políticas, ni a colectivos profesionales. Es más, el planteamiento cosechó un aluvión de críticas.
Una de las reacciones más ácidas llegó por boca del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que consideró que la iniciativa es una propuesta de «ley de impunidad para la familia socialista» ante los casos de presunta corrupción que le afectan en la actualidad. «La idea tuvo que venir en alguna de las maletas venezolanas», espetó el líder de los populares en un mensaje en X, aludiendo al caso del equipaje de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez que llegaron al aeropuerto de Barajas en enero de 2020.
De la misma manera, la secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, acusó al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de buscar «impunidad» y «frenar las investigaciones judiciales» con esta reforma legislativa. A su entender, lo que pretende es «amordazar» a los jueces para que no pueda ser investigada la corrupción.
Vox fue duro y homologó al secretario general socialista con Hugo Chávez y Nicolás Maduro advirtiendo de que los dirigentes venezolanos no convirtieron al país en una «dictadura» en «cuatro años», sino «en ocho». Así, se pronunció el portavoz nacional en materia de Inmigración, Samuel Vázquez, que tan solo percibe una «diferencia» entre Sánchez, Chávez y Maduro: «el tiempo que lleva en el poder».
Para la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade) -acusación en el caso Koldo y que ha representado al PSOE en otros casos- opinó que la propuesta es «una ocurrencia, una barbaridad y hace imposible el ejercicio de la acusación popular». Por su parte, Hazte Oír -que ejerce la acusación popular en el caso Begoña Gómez y en Koldo- la calificó como «ley de Punto Final que pretende instaurar el pensamiento único en el ámbito judicial». Mientras, el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, recalcó que esta iniciativa «supone de una manera flagrante la restricción de un derecho fundamental», contenido en el artículo 125 de la Carta Magna.
Desde los colectivos profesionales, las asociaciones de jueces y de fiscales se mostraron en el polo opuesto a las intenciones socialistas, al calificar el plan como una iniciativa que para la Asociación Profesional de la Magistratura pretende buscar la impunidad de unos ciudadanos concretos. En la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, su portavoz Sergio Oliva denunció que esta reforma no tiene vocación de generalidad, sino que presenta la apariencia de «haber sido concebida para su específica aplicación a casos concretos».
El portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, Edmundo Rodríguez, también se postuló en contra y tampoco la vieron con buenos ojos desde la Unión Progresista de Fiscales.