Agentes de la Policía Foral, adscritos al Grupo de Delincuencia del Automóvil del Área de Tráfico y Seguridad Vial, han abierto diligencias penales recientemente a un trabajador de una ITV por delitos de falsedad documental y prevaricación tras haber emitido certificado favorable a un vehículo, propiedad de un amigo, con 47 deficiencias.

Según han indicado desde el cuerpo policial, las actuaciones que dieron lugar a la investigación se iniciaron en un control de seguridad ciudadana que realizaba una patrulla de Elizondo. Los policías forales detectaron un vehículo que circulaba con defectos y reformas "que de manera evidente indicaban que no era apto para circular". Sin embargo, contaba con la ITV favorable desde ese mismo día.

Su conductor se identificó como trabajador de una estación de ITV e indicó que él mismo se había encargado de hacer la inspección al vehículo -propiedad de un amigo- y que era apto para circular, al haber detectado únicamente cuatro deficiencias leves y, por tanto, con resultado de inspección favorable. Ello suponía que disponía de dos meses para repararlas, pero que no debía volver a la ITV para realizar nueva inspección.

Se trasladó el asunto al Grupo de Delincuencia del Automóvil, que tras localizar el vehículo y hablar con su titular, lo incautó para realizar una inspección detallada. Se detectaron "numerosos defectos y reformas de importancia, que no estaban reflejadas en el informe de inspección y que habrían supuesto un resultado negativo".

Se sometió al vehículo a una inspección técnica extraordinaria en otra estación de ITV, detectándose 1 deficiencia muy grave, 39 graves y 7 leves, lo que supuso un resultado de inspección negativa que le impedía circular por las vías públicas, por el peligro que suponía para la seguridad vial. El vehículo debía desplazarse al taller en grúa y en el plazo de dos meses pasar nueva inspección para comprobar que había subsanado las deficiencias.

Por todo ello, se procedió a iniciar diligencias penales contra el trabajador por los delitos de falsedad documental y prevaricación, a través del correspondiente atestado que fue remitido a la autoridad judicial. Se investiga si pudieron cometerse más casos de inspecciones fraudulentas, por lo que las pesquisas siguen abiertas.