Un Juzgado francés de garantías ha dejado en libertad bajo una fianza de 15.000 euros al considerado como uno de los mayores 'hacker' españoles acusado de estafar dos millones de euros a través de ciberataques a empresas galas.
En el procedimiento se investiga a dos españoles, entre ellos al conocido como Lacoste, como miembros de una supuesta organización criminal que atacaba empresas en suelo francés a las que supuestamente pedían rescates millonarios.
Las pesquisas que llevaron a su detención en Madrid arrancaron de forma conjunta entre la Fiscalía francesa e Interpol tras un importante ciberataque perpetrado en la noche del 14 al 15 de julio de 2021. Hasta 26 empresas galas se vieron afectadas con pérdidas calculadas por encima de los dos millones de euros.
Archivo - Hacker - Foto: Europa PressSegún las pesquisas, era la punta del iceberg del 'modus operandi' de una supuesta organización criminal que utilizaba el 'ransomware Babuk', un tipo de malware que se utiliza para cifrar los archivos de un sistema informático y exigir un rescate económico a cambio de su liberación. Un pago que por lo general se requiere en bitcoin u otro tipo de criptomonedas, difíciles de rastrear.
La organización se introducía en los sistemas informáticos de las empresas galas mediante técnicas de ingeniería social, correos electrónicos de phishing o explotación de vulnerabilidades en software desactualizado. Una vez que se ejecuta en el sistema de la víctima, Babuk buscaba y cifraba archivos importantes utilizando algoritmos criptográficos.
Posteriormente, mostraba una nota de rescate en la que se exige un pago en criptomonedas a cambio de la clave de descifrado. La operación llevaba a servidores enclavados en Rusia, donde se perdía el rastro, excepto en la rama que supuestamente vinculaba el cobro de las criptomonedas, que señalaba a los ciudadanos españoles.
LOS CABECILLAS COMPARECEN EN PARÍS
En colaboración con el abogado francés Olivier Arnod, la defensa española realizada por Ospina Abogados se desplazó a Francia la semana pasada para ejecutar una declaración voluntaria ante el Tribunal de París.
El abogado Juan Gonzalo Ospina había logrado meses atrás que las autoridades francesas retirasen la Euroorden contra sus clientes acordando que se produciría esta comparecencia voluntaria en tierras galas en las fechas que indicase el tribunal de París.
En la vista, el Ministerio Fiscal francés solicitaba prisión incondicional sin fianza considerando a ambos españoles cabecillas de una organización criminal, y donde la defensa del investigado cuestionó el atestado policial acusándolo de conjeturar más que probar.
"Se le acusa de más de 200 ataques en suelo francés, pero no hay más de 5 víctimas", manifestó Ospina en su informe oral, donde tan solo se contabilizaban unos daños de unos pocos miles de euros, cifra muy alejada de los casi 3 millones que refería la investigación policial francesa.
Según los letrados, que cuestionan la investigación policial, hay un error de identidad en las IPS de los servidores y por tanto no hay relación entre los verdaderos autores del ciberataque y su defendido.
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En la vista, la jueza acordó prisión y custodia policial, siendo conducido el investigado a los calabozos. Sin embargo, en Francia existe un juzgado independiente al juez instructor, el juez de garantías, quien puede valorar la libertad en causas penales.
La nueva vista comenzó con la reiteración por parte del fiscal parisino de la gravedad de los hechos. La defensa, de la mano de Juan Gonzalo Ospina y Beatriz Uriarte, desarmó las conjeturas de la investigación policial.
Igualmente recordó que su cliente estaba de forma voluntaria ante el Tribunal, y que de querer haberse fugado lo hubiera realizado en junio, cuando fue detenido en Madrid y puesto en libertad en primera ocasión.
La defensa quiso hacer hincapié en que la macrotrama no es tal, dado que de "los 200 implicados iniciales tan solo quedan cinco afectados con cantidades de dinero solicitadas que no alcanzan los 5.000 euros".
El propio juez de garantías apreció que los hechos no son como refiere la policía, estando inmersa la investigación en una duda razonable necesaria de esclarecer. Quedaría en entredicho la propia participación del investigado en las acciones que dan lugar a la OEDE, pidiendo un mayor análisis en un posible error que podría implicar a los servidores policiales.
Respecto al riesgo de reiteración delictiva atestiguaron que su representado no tiene antecedentes penales ni tampoco se le atribuyen más ataques desde noviembre del 2021 por lo que más allá de la voluntad de incriminarlo, para la defensa era todo bastante subjetivo.
Tras las deliberaciones la juez de garantías valoró las tesis de la defensa y acordó su libertad bajo fianza de quince mil euros, domicilio en Madrid y comparecer ante el consulado de Francia en España las veces que fuera llamado.