El debate está sobre la mesa. ¿Es oportuno rebajar a los 16 años la edad para votar? El Gobierno cree que sí y ya se ha puesto manos a la obra. El Ministerio de Juventud e Infancia que lidera Sira Riego está trabajando en una ley en la que se incluirá la rebaja a los 16 años de edad para poder ejercer el derecho al voto y quiere que esta iniciativa quede resuelta para el próximo verano.

El Consejo de Ministros ya ha dado luz verde a un anteproyecto para la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) que incluiría esta cuestión sobre la que hay un singular consenso, dado que la respaldan todos los aliados de izquierdas del Ejecutivo, (Sumar, Esquerra y Bildu ya lo han saludado con agrado, y también Vox lo ha hecho.

La controversia abierta añade un segundo interrogante. ¿Son lo suficientemente maduros para ir a las urnas y decidir quien va a gobernar? La neurociencia apunta a que esta edad los adolescentes tienen un cerebro inmaduro demasiado emocional, en el que calan con facilidad los mensajes de carácter extremo y negativos. Pero también hay quien defiende que igual que solucionan problemas matemáticos o físicos, están capacitados para valorar qué candidatura política les encaja más. 

 La ministra Sira Rego elude dar una respuesta precisa. Cuando se le planteó este delicado asunto, su contestación fue: «Es un debate que deben tener los jóvenes y que se debe abrir a la sociedad. Es un debate de amplio calado, hay varios países europeos que ya van a dar la oportunidad a sus jóvenes de votar a los 16 años».

En el argumentario a favor destaca también la postura de los politólogos, que ven clave adelantar a los 16 el voto para engancharles antes y reducir la abstención. Señalan que los 18 años son una etapa de cambios profundos en la que muchos salen de la casa de sus padres y empiezan la Universidad y es complicado que con tanto estímulo den prioridad al voto. A los 16 siguen protegidos en sus hogares y tienen más tiempo para reflexionar y adquirir ese hábito.

El horizonte de bajar en dos años el límite de edad ya está aquí y todo apunta a que se convertirá en una realidad a corto o medio plazo. 

Si finalmente se aprueba se sumarán un millón de electores al censo que crecería un 2,7%. 

España se sumaría de esta forma a otros países europeos como Austria o Malta que ya lo permiten. Bélgica, Grecia y Alemania también lo tienen aceptado pero en su caso sólamente para las elecciones europeas. 

El Gobierno ya ha dejado claro que su objetivo es que el sufragio activo a los 16 años sea una realidad en esta legislatura. Para acelerar su impulso, se incluirá una reforma de la ley electoral con la rebaja de la edad de voto dentro de otra norma más genérica sobre juventud. Con la denominación de Ley de Juventud y Justicia Generacional, la norma busca establecer un marco general «para que las políticas públicas adopten una perspectiva juvenil de forma transversal y se garantice la perspectiva juvenil en la gestión de recursos públicos y bienes comunes, así como el fomento participación juvenil en la elaboración de las políticas públicas».

 Esta reforma de la ley electoral no forma parte del acuerdo de coalición entre Sumar y PSOE ni tampoco del programa electoral que presentó el PSOE para el 23-J, pero los socialistas se comprometieron a ello en su último congreso federal celebrado a finales del pasado mes de noviembre.

Por fases

La intención del Ejecutivo es que la reducción de la edad del voto pueda plantearse por fases, sin que conlleve que en las elecciones generales de 2027 vaya a aplicarse sí o sí esta medida que incrementará notablemente el censo de votantes. 

Aunque puede haber variaciones, la idea sería aplicarlo por primera vez en otros comicios, como serían unas europeas, para implantar esta medida «de manera gradual». De hecho, en las últimas elecciones al Parlamento Europeo pudieron ejercer por primera vez su derecho a voto los menores de 18 años en Alemania. Se sumaron a los de Austria, Bélgica, Grecia y Malta, donde se han realizado diferentes tipos de reformas para ampliar el sufragio activo.

IU, el socio minoritario de la coalición reconoce que la tramitación será larga al implicar además cambios en leyes orgánicas, pero también anticipan «fuertes resistencias». Entre los aliados de investidura no hay consenso. PNV y Junts no apoyaron la última iniciativa no de ley en este sentido debatida en el Congreso. El PSOE incluso rechazó una iniciativa similar de ERC en la pasada legislatura en 2022, aunque ahora han virado hacia un apoyo activo. El PP también se posicionó en contra de la propuesta de Esquerra.