El Gobierno de Navarra y el Gobierno de España iniciarán negociaciones "en próximas fechas" para "aclarar competencias" en relación a la modificación de la ley foral 8/2005, de 1 de julio, de Protección Civil y Atención de Emergencias de Navarra.

De esta forma, según han señalado desde el Ejecutivo foral en una nota de prensa, ambos gobiernos "mantienen una clara voluntad de acordar".

El Parlamento de Navarra aprobó en mayo dicho cambio mediante la tramitación de una proposición de ley foral. Dicha iniciativa perseguía "clarificar que a los conductores y peones auxiliares de bomberos que se contratan como refuerzo en las campañas forestales de verano e invierno les corresponden funciones auxiliares de intervención operativa dentro de su ámbito de actuación bajo la dirección de los mandos superiores, lo que implica su equiparación con el resto de la plantilla habitual del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento dependiente de la Administración de la Comunidad Foral".

Navarra y Estado "aclaran competencias" en protección civil

Con la nueva norma, este colectivo, de unas 150 personas enmarcadas en un nivel D, cuenta con el mismo coeficiente reductor de jubilación que los bomberos habituales (0,20 por año trabajado).

Desde el Ejecutivo foral "se consideró oportuno" el cambio dado que "a los puestos de conductor auxiliar y peón auxiliar de bombero/a les corresponden, entre otras, funciones de ataque directo e indirecto en los incendios forestales, siendo funciones auxiliares de intervención operativa dentro de su ámbito de actuación bajo la dirección de los mandos superiores". Así pues, "tienen el mismo riesgo y nivel de exposición al fuego" al que están sometidos los bomberos habituales.

Ahora, el Gobierno central "entiende que la modificación de la ley foral 8/2005, de 1 de julio, de Protección Civil y Atención de Emergencias de Navarra se produce con el fin último de otorgar a estos puestos de trabajo la posibilidad de reducción de la edad de acceso a la jubilación, correspondiendo dicha función en exclusiva al Estado, por tratarse de una competencia en materia de seguridad social y existir normativa estatal que determina cómo se pueden establecer nuevos puestos que accedan a esta jubilación anticipada".

Taberna: "Forma parte de la normalidad competencial"

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad del Gobierno de Navarra, Félix Taberna, ha afirmado que la negociación con el Gobierno de España sobre la modificación de la ley foral de Protección Civil y Atención de Emergencias "forma parte de la normalidad competencial de las dos instituciones".

Así se ha pronunciado este martes, en respuesta a los medios de comunicación durante una rueda de prensa, después de que el Ejecutivo foral diera a conocer que el Gobierno de Navarra y el Gobierno de España "iniciarán negociaciones en próximas fechas para aclarar competencias" en relación a la modificación de la ley foral 8/2005, de 1 de julio, de Protección Civil y Atención de Emergencias de Navarra.

Taberna ha señalado que el de Navarra "es un sistema de autogobierno conveniado, es un sistema de relación bilateral Gobierno de España-Gobierno de Navarra", y que en la modificación de dicha ley foral "se establecía un coeficiente reductor a la hora de la jubilación para los colectivos profesionales afectos a labores de incendio".

"El Gobierno de España ha estimado que esa es una competencia exclusiva de la Seguridad Social y por lo tanto se abre un predio de diálogo para buscar una solución", ha remarcado. Para ello, según ha dicho, "está la comisión de coordinación entre el Gobierno de España y el Gobierno de Navarra, para medir, reflexionar y buscar soluciones a este previsible conflicto competencial".

"Vamos a esperar a esta reunión de la comisión de coordinación. Vamos a ver si así como otras veces ha habido consenso y ha habido acuerdo. Y en el caso, que también ha habido otras veces, de que no ha habido acuerdo, pues lógicamente y legítimamente el Gobierno de España, como puede hacerlo también a su vez el Gobierno de Navarra, puede presentar un recurso que en última instancia será el Tribunal Constitucional, como máximo órgano de garantías constitucionales, el que resolverá", ha apuntado.

Ha añadido Taberna que este proceso "forma parte de este ámbito competencial, de esta relación bilateral entre el Gobierno de España y el Gobierno de Navarra, y que ahora estamos en un proceso inicial, que es el de conversaciones y de buscar acomodo". "Forma parte de la normalidad competencial de las dos instituciones, y desde el Gobierno de España, como el Gobierno de Navarra, actuamos con la lealtad debida", ha manifestado.