Javier Remírez ha asegurado que el facultativo denunciante de los hechos no entregó al Gobierno de Navarra las "evidencias" que sí hizo llegar al Defensor del Pueblo de Navarra, quien a su vez trasladó el asunto a la Fiscalía.

El Defensor consideró que los hechos podrían tener relevancia penal en aspectos como el presunto "ofrecimiento del reparto de un 12% de lo facturado por la empresa que suministra una marca de material a cuatro médicos integrantes de una sección del Complejo Hospitalario de Navarra por medio de tarjetas de El Corte Inglés".

En la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno, Javier Remírez ha afirmado que "en estos casos el Gobierno de Navarra actúa desde criterios de prudencia y garantistas", y ha asegurado que "somos los primeros interesados en cuanto se detecta una presunta situación irregular en ponerlo a disposición judicial".

No obstante, ha afirmado que "hay un factor clave en esta cuestión, que la persona que hizo la denuncia aportó al Defensor del Pueblo evidencias que no aportó al Departamento de Salud en forma de grabaciones, y seguramente es una cuestión clave y fundamental". "Si hubiésemos tenido más fundamentos de hecho para dotar de mayor fuerza a esta cuestión se hubiese puesto a disposición judicial", ha dicho.

En todo caso, ha destacado que "esta cuestión está en manos de los tribunales y el Gobierno de Navarra está a plena disposición de los tribunales para dotar de cuanta información sea necesaria para esclarecer esta situación, somos los primeros interesados en ello".