UPN, PP y Vox han celebrado en sendos comunicados que el TSJN haya suspendido cautelarmente la extinción del concierto educativo de Bachillerato correspondiente al colegio Miravalles-El Redín adoptada por el Departamento de Educación por haber mantenido la educación diferenciada.
UPN ha exigido al respecto que se adopten las medidas necesarias para garantizar que el alumnado del colegio Miravalles-El Redín "sea tratado de forma justa, posibilitando la continuidad en las condiciones con las que empezaron su escolarización".
El partido regionalista ha denunciado que "la actuación del PSN en relación con este tema sólo responde a intereses meramente sectarios: por una parte, al empeño por convertir el sistema educativo navarro en un agente para imponer una sociedad de pensamiento único, con un ataque frontal a la libertad educativa, y por otra, a cumplir con la exigencia que durante esta legislatura le ha marcado EH Bildu".
Por su parte, el PP ha mostrado su satisfacción por la decisión del TSJN, porque "suponía una tremenda injusticia que podría provocar daños irreversibles a los alumnos y a las familias, y queremos mostrar nuestro respaldo absoluto a los centros educativos afectados", señala el presidente del PPN, Javier García.
El PPN considera que la extinción de los conciertos a los centros de educación diferenciada "fue una cesión que hizo el PSN a EH Bildu" y destaca la "necesidad de poner fin a los atropellos del sanchismo a todas nuestras libertades".
"En las elecciones del 23 de julio nos jugamos mucho. Y si Alberto Núñez Feijóo es el nuevo presidente del Gobierno, tomaremos las medidas necesarias para revertir situaciones como esta denuncia del Gobierno foral a los centros de educación diferenciada de Navarra".
Para Vox, la decisión del TSJN supone un "varapalo judicial contra la presidenta de Navarra, María Chivite, y contra su consejero de Educación, Carlos Gimeno". Una circunstancia que "pone de manifiesto el sectarismo ideológico de la izquierda que ataca a la libertad de elección de las familias".
A su vez, lamenta que "los daños causados por parte del Departamento de Educación son de imposible o difícil reparación, tal y como expresa la Sala de lo Contencioso"