Parlamentarios de la Comisión de Presidencia e Igualdad del Parlamento de Navarra han visitado este miércoles el Centro de Atención Integral a las Violencias Sexuales de Navarra, un servicio gratuito del Gobierno de Navarra de atención especializada a mujeres mayores de 16 años que han sido víctimas o supervivientes de violencias sexuales. Desde su apertura, en abril, ha atendido a 80 mujeres.

La delegación del Parlamento ha sido recibida por Patricia Abad, directora gerente del INAI, Sara San Julián, subdirectora de Gobernanza para la Igualdad, Mari Recalde, coordinadora del centro, Ana Carmona, abogada, Elena Vélez, trabajadora social y Cristina Lopes, Directora Técnica de la Fundación GIZAIN.

El objeto de la visita, solicitada por UPN, PSN, EH Bildu, Geroa Bai, PPN y Contigo-Zurekin, ha sido "conocer el nuevo servicio y la labor que realiza el equipo que está al frente del centro, inaugurado el pasado 10 de abril".

Los parlamentarios de la comisión han visitado, de la mano de Patricia Abad y las trabajadoras del centro, las instalaciones del nuevo recurso, situado en el barrio de La Milagrosa-Arrosadia, en el que se ofrece atención, acompañamiento y asesoramiento ante cualquier situación de violencia sexual, sea reciente o pasada. Se trata de un servicio gratuito de atención permanente y de orientación y asistencia psicológica, social, educativa y jurídica.

Para ello, el centro, gestionado por la Fundación Gizain, cuenta con una plantilla de 18 personas "altamente especializadas y comprometidas", y el equipo está formado por abogadas, psicólogas, trabajadoras sociales y educadoras sociales, que atienden a mujeres mayores de 16 años sin necesidad de denuncia previa. La atención se extiende asimismo a familia y personas de su entorno más próximo que así lo necesiten. El horario es ininterrumpido las 24 horas del día los 365 días del año.

Además, se prestan servicios de traducción y mediación cultural que garanticen una comunicación efectiva, y el servicio está totalmente adaptado a las condiciones de accesibilidad para facilitar una asistencia especializada a mujeres con discapacidad, han explicado.

El local, concebido como un espacio "seguro y confidencial", cuenta con una zona pública donde se realizan las acciones de prevención y sensibilización, una zona semipública en la que se ubican despachos de atención individual y una zona privada con alojamiento para pernocta de corta estancia. Según han concretado, la zona de alojamiento está únicamente destinada para "casos de emergencia", puesto que los recursos de acogida cubren las necesidades habitacionales.

El centro cuenta además con una sala amigable o cámara Gessell, espacio diseñado "para atender de forma adecuada y en un ambiente de intimidad y confort a mujeres víctimas de violencia sexual con especial vulnerabilidad (menores, mujeres con discapacidad), evitando su victimización secundaria". El centro y sus servicios "se han diseñado teniendo en cuenta la accesibilidad universal como eje principal" para "garantizar la atención a las mujeres supervivientes de violencia sexual con discapacidad o cualquier otra necesidad de accesibilidad".

La coordinadora del centro, Mari Recalde, ha detallado las actuaciones realizadas desde que se puso en marcha el recurso hace apenas mes y medio. Desde su apertura el pasado 10 de abril han atendido a 80 mujeres, de las cuales la mayoría ha sufrido violencia sexual recientemente, y también han atendido casos de violencia sexual en la infancia, así como situaciones de prostitución y de trata. En algunos casos el acceso ha sido directo y en otros a través de derivaciones de servicios sociales, SMAM, etc.

Del mismo modo, los miembros de la comisión se han interesado por el itinerario de atención, el Plan de Intervención de Empoderamiento o seguimiento que realizan las profesionales, por el funcionamiento concreto de cada área y por los retos del servicio a futuro.

Financiado a través de los Fondos Europeos MRR con una inversión de más de un millón de euros, la creación de Centros de Atención Especializada en Violencia Sexual se encuentra recogida en la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que dispone la creación de un recurso específico para la intervención con las víctimas supervivientes.