Navarra ha finalizado el proceso de elaboración de su primer protocolo de coordinación y actuación para luchar contra los matrimonios forzados de mujeres, adolescentes y niñas, con lo que se convierte en una de las primeras comunidades del Estado en contar con esta herramienta. Este documento nace con el objetivo de sumar esfuerzos desde los ámbitos educativo, sanitario, social, judicial y policial para prevenir, detectar y evitar este tipo de casos, considerados un tipo de violencia de género "normalizada" en la sociedad en general y entre sus propias víctimas y, por ello, muchas veces invisibilizada y difícil de erradicar.
El protocolo desarrollado en Navarra es especialmente protector con las menores de edad. Así, los recursos de Gobierno de Navarra considerarán por defecto como forzados todos los matrimonios de adolescentes y niñas menores de 18 años. Aunque a nivel estatal la edad legal para contraer matrimonio se sitúa en 16 años, se quiere armonizar este protocolo con la normativa internacional en esta materia y ampliar el marco de atención a las adolescentes de entre 16 y 18 años, edad que se considera especialmente vulnerable para que se produzcan estos matrimonios forzados.
El protocolo ha sido presentado hoy por el vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad, Félix Taberna, la vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, y la directora gerente del Instituto Navarro para la Igualdad / Nafarroako Berdintasunerako Institutua (INAI / NABI), Patricia Abad, que han ofrecido una rueda de prensa junto a representantes de entidades que han participado en la elaboración de este documento y colaborarán en su puesta en marcha.
Félix Taberna y Begoña Alfaro, hoy, junto con Patricia Abad y representantes de entidades que ha participado en la elaboración del protocolo contra los matrimonios forzados. - Foto: Gobierno de NavarraEste acuerdo nace de la necesidad de disponer de pautas comunes para que la prevención y abordaje de los matrimonios forzados sea generalizada y homogénea. La sensibilización y la prevención serán un eje central de la intervención, así como el acompañamiento a las víctimas para que superen su situación y el mantenimiento de un registro de casos. Se prevé incidir también en la formación de los y las profesionales en contacto con esta realidad, para poder contribuir a cambiarla.
CUATRO ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
El protocolo prevé actuar en cuatro ámbitos: la prevención de matrimonios forzados, la detección de casos ya consumados o en proceso de llevarse a cabo, la atención y recuperación de las mujeres, adolescentes y niñas que se encuentren en esta situación y su protección y acceso a la justicia.
Las tareas preventivas conllevarán trabajo con las familias y entornos, así como la difusión de información accesible y en diferentes idiomas, que permita abordar los matrimonios forzados como una manifestación de la violencia contra las mujeres con graves consecuencias
En cuanto a detección, se considera clave la labor de los recursos de asistencia a víctimas de la violencia, los centros sociocomunitarios y de atención primaria, la labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad o entidades como la Oficina de Extranjería, el Registro Civil o los espacios de culto. Ante una sospecha de matrimonio forzado, se considera importante hablar con las mujeres a solas, en un espacio que garantice su intimidad, así como darles acceso a los recursos públicos que necesiten para salir de su situación.
Ante una situación urgente o cuando exista un riesgo inminente de producirse un matrimonio forzado, se contactará con el Centro de Atención Integral a las Violencias Sexuales (CAIVS), punto de referencia en el abordaje de este problema, o con cuerpos policiales.
En lo que se refiere a la atención y recuperación de las mujeres que han vivido una situación de matrimonio forzado, se prevé una intervención especializada para contribuir al empoderamiento de las niñas, adolescentes y mujeres afectadas. Se considera fundamental el apoyo social, jurídico, psicológico o educativo, así como propiciar la autonomía económica de las mujeres, con apoyos para que consigan empleo o ayudas económicas temporales que faciliten su independencia y bienestar.
En lo que respecta a la protección y acceso a la justicia, el protocolo recuerda que, además de una violación de los derechos humanos, el matrimonio forzado es un delito. Así, aunque son situaciones en las que mayoritariamente las mujeres no están en disposición de denunciar a sus progenitores o familias de origen, los recursos públicos adquieren el compromiso de valorar si es necesaria la intervención policial y la protección de las víctimas.
SITUACIONES DE ALERTA
Entre las situaciones que pueden alertar sobre un posible caso de matrimonio forzado, destacan un viaje repentino o inminente de niñas y/o adolescentes al país de origen, antecedentes familiares de matrimonio forzado, situaciones de aislamiento social y casos de mutilación genital femenina, matrimonio concertado o pactado y embarazo a edad temprana.
La Ley Foral 14/2015, de 10 de abril, para actuar contra la violencia hacia las mujeres reconoce los matrimonios a edad temprana, matrimonios concertados o forzados como una manifestación de la violencia contra las mujeres, una grave violación de los derechos humanos y un problema de salud pública, que tiene como resultado daños y perjuicios físicos, sexuales, psicológicos, sociales, socioeconómicos y patrimoniales, que condicionan las vidas de quienes lo padecen.
Según esta ley, un matrimonio forzado es una unión de pareja en la que "no ha existido consentimiento libre y pleno para su celebración, bien porque ha sido fruto de un acuerdo entre terceras personas, ajeno a la voluntad de la mujer, bien porque se celebra bajo condiciones de intimidación o violencia o porque no se ha alcanzado la edad prevista legalmente para alcanzar dicho consentimiento". Se trata de una realidad compleja, que abarca desde casos de matrimonios precoces de niñas y adolescentes menores de edad a matrimonios forzados sobrevenidos, de mujeres coaccionadas para separarse de sus parejas.
De acuerdo a datos aportados por UNICEF, a día de hoy hay más de 650 millones de mujeres que se casaron cuando eran menores, antes de cumplir los 18 años. Cada día unas 34.000 niñas sufren un matrimonio forzado. Navarra no es ajena a esta realidad, si bien no es visible estadísticamente por la ausencia de datos que permitan conocer su prevalencia, algo que se quiere cambiar con este protocolo.
MÁS DE UNA TREINTENA DE RECURSOS Y AGENTES IMPLICADOS
El protocolo está impulsado desde el INAI / NABI y cuenta con más de una treintena de recursos y agentes implicados. Por parte del Gobierno de Navarra, cuenta con la participación de Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas (ANADP), el servicio Karibu de Acogida y Acompañamiento a Personas Migrantes, las áreas de Servicios Sociales de toda la Comunidad Foral (zona noroeste, noreste, Pamplona y Comarca, Estella-Lizarra, Tafalla y Tudela), la gerencia de Atención Primaria del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS-O) y el servicio de Inclusión, Igualdad y Convivencia del Departamento de Educación.
Desde las fuerzas de seguridad, participan la Policía Foral, la Guardia Civil, la Policía Municipal de Pamplona, la Policía Nacional y la Unidad de coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno en Navarra.
También están implicados en la ejecución del protocolo la Fundación Gizain para la gestión de servicios sociales públicos de Navarra y los recursos específicos de atención a la violencia contra las mujeres, como los Equipos de Atención Integral a Víctimas de la Violencia de Género (EAIV) de la comarca de Pamplona y Zona Norte, Área Estella-Lizarra, Área Tafalla y Área Tudela; la sección de Asistencia a las Víctimas del Delito de Navarra y colaboración con los órganos judiciales (SAVD); el servicio Municipal de Atención a las Mujeres del Ayuntamiento de Pamplona (SMAM); los recursos residenciales de acogida para mujeres en contextos de prostitución y trata con fines de explotación sexual; y recursos de acogida (centro de urgencias, casa de acogida y pisos residencia).
Entre las entidades sociales que participan en este protocolo se encuentran la Cruz Roja, la Fundación Secretariado Gitano y Médicos del Mundo Navarra.
Para hacer efectivos los compromisos plasmados en este documento, se creará un grupo interdisciplinar presidido y liderado por el INAI / NABI, que elaborará planes bienales de trabajo, hará propuestas de mejora y recopilará datos sobre la incidencia de los matrimonios forzados.
PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA 'NO, NO QUIERO'
Cabe recordar que, al objeto de dar a conocer esta realidad el Departamento de Presidencia e Igualdad, a través del Instituto Navarro para la Igualdad / Nafarroako Berdintasunerako Institutua (INAI / NABI) ha programado hoy el estreno del documental 'No, no quiero', dirigido por Belén Santos. La proyección, de acceso gratuito, se realizará este martes a las 19.30 horas en los cines Golem Baiona de Pamplona (la invitación se puede retirar en la web o en el propio cine). En la sesión estará presente la propia directora y una víctima protagonista del documental.
La película denuncia la realidad de los matrimonios forzados a través del testimonio de cuatro jóvenes mujeres que fueron obligadas a casarse con hombres a los que no conocían, por imposición familiar, y fueron capaces de rebelarse y empezar una nueva vida.