La iniciativa ha sido presentada en rueda de prensa por el portavoz de Educación de UPN en el Parlamento de Navarra, Pedro González, quien ha sostenido que "para que la universalidad sea algo más que una palabra bonita que se coloca en los programas electorales hace falta una oferta de plazas que responda a la demanda social de las familias en este ciclo".

González, quien ha cuestionado las actuaciones del Gobierno de Navarra al respecto, lo que ha contrastado con los pasos dados en ese sentido por UPN, ha subrayado que las plazas públicas existentes son insuficientes para atender la demanda actual, más aún si como es previsible esta aumenta con la gratuidad en las escuelas públicas anunciada por el Ejecutivo.

Al respecto ha indicado que a lo largo de los últimos años se ha ido desarrollando una amplia red de centros privados, 68 con alrededor de 2.500 plazas, de los cuales 22 son centros autorizados por Educación como escuelas infantiles, lo que le ha llevado a afirmar que es "necesario y urgente" llevar a cabo una planificación y ajuste que impulse en determinados lugares la creación de plazas, tanto en los centros públicos como en los privados.

En un primer artículo la proposición de ley reconoce el derecho universal a la educación infantil en el ciclo 0-3 años y apunta que "podrá ser ejercido, tanto en los centros de la red pública, como en los centros privados autorizados por el departamento de Educación".

Esa gratuidad, según añade, se materializará, para aquellos niños y niñas que se vayan a escolarizar en centros privados autorizados, a través de un bono infantil que se concederá a las familias una vez el niño o la niña se haya matriculado en el centro.

???Los requisitos y el procedimiento para percibir el bono infantil, que deberán en todo caso garantizar la universalidad y la gratuidad del ciclo, se establecerán reglamentariamente por el Gobierno de Navarra en el plazo máximo de 6 meses desde la entrada en vigor de la norma.

El importe de ese bono deberá cubrir los costes de la escolarización con el límite del mismo coste en las escuelas infantiles de la red pública.

Además, en un tercer artículo, los regionalistas proponen la ampliación de plazas en la red pública y privada autorizada y en ese sentido plantean que anualmente Educación establecerá una convocatoria de ayudas para que los centros privados que no cuenten con autorización puedan, si así lo desean, cumplir con los requisitos exigidos.