La Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento de Navarra ha aprobado este martes el dictamen del proyecto de ley foral de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias para 2024, un texto que será elevado a pleno para su definitivo debate y votación en la sesión prevista para el día 21 de diciembre.

Se han aprobado 11 de las 43 enmiendas sometidas a examen, siete de las cuales se corresponden con aportaciones de EH Bildu (5) y UPN (2). El resto tienen que ver con matizaciones consensuadas por los grupos que dan soporte directo al Gobierno de Navarra, PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin (3), la última, in voce, restringida a las dos fuerzas mayoritarias de este bloque.

No han prosperado las otras 23 enmiendas defendidas por UPN, que han sido desestimadas con el voto en contra de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin y la abstención de Vox. También han decaído las 11 in voce del PPN, pese al respaldo de UPN y la abstención de Vox. Los otros cuatro grupos se han posicionado en contra.

El grueso de las medidas más reseñables que contempla el proyecto atañe al Impuesto de la Renta de las personas Físicas (IRPF), cuyo ajuste se eleva hasta el 7%. La primera de las dos deflactaciones previstas sería del 4% y tendría efectos retroactivos, es decir, aplicable al impuesto de 2023. La segunda minoración, en este caso de un 3%, se materializaría en el IRPF de 2024.

También dentro del IRPF, el proyecto de ley contempla dos nuevos aumentos de los mínimos personales y familiares, del 6% en total. A tal fin y siguiendo el mismo patrón que en el caso de las deflactaciones, se aplicarían sendos incrementos del 3% tanto con efectos al impuesto de 2023 como al de 2024.

El coste para la Hacienda Foral de una y otra medida, deflactaciones y aumento de los mínimos personales y familiares, se estima en unos 50 millones.

El proyecto de ley contempla además medidas significativas en el ámbito de la vivienda. En lo tocante a los programas Emanzipa y David, se prevé el aumento en las deducciones por arrendamiento para acceso a vivienda y emancipación. El incremento de los ingresos máximos para tener derecho a los beneficios de estos programas sería ahora de 22.000 euros, en caso individual, y de 35.000 euros, de manera conjunta. Paralelamente, el incremento del importe máximo de la deducción pasaría de 250 a 280 euros y el aumento del precio máximo del alquiler subiría a 700 euros.

A su vez, de nuevo en el ámbito de la vivienda, se proyecta elevar del 60 al 70% la reducción del rendimiento neto de capital inmobiliario por arrendamiento de viviendas a través de Nasuvinsa. Asimismo, se contempla la exención sin límite de renta de las ayudas públicas por obras de rehabilitación protegida, equiparando así su tratamiento al de las ayudas financiadas con fondos Next Generation.

En el terreno de las exenciones, el texto aprobado hoy recoge la exoneración de la ayuda de 200 euros concedida en 2023 para compensar el precio de la energía a las rentas bajas, materializada a través del artículo 74 del Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, o la exención de las ayudas a los eco-regímenes (nueva PAC), con efectos desde 2023.

Entre las novedades agregadas al dictamen a partir del debate entablado en comisión se encuentran las cinco enmiendas planteadas por EH Bildu, todas rechazadas por UPN, PPN y Vox, pero asumidas por PSN, Geroa Bai y Contigo.

Así, con el ánimo de mejorar la tributación de las rentas inferiores a 30.000 euros -incluidas las exentas-, se ha elevado de 100 a 150 euros la deducción especial por mínimo personal en el IRPF.
En el mismo capítulo, pero en sentido contrario, se ha reducido del 100% al 75% la deducción por el pago de las cuotas a la Seguridad Social por las personas empleadas en el hogar.

En cuanto al Impuesto del Patrimonio, se ha resuelto prorrogar otro año la modificación introducida el pasado ejercicio en relación con los grandes patrimonios con base liquidable superior a 11 millones, cuyo tipo impositivo máximo se mantiene en el 3,5% (no regresa al 2%), equiparándose así al del resto del Estado.

De manera análoga, en el Impuesto de Sociedades se prorroga también otro año las limitaciones en las deducciones derivadas de la aplicación de bases liquidables negativas de ejercicios anteriores por parte de las empresas.

La última enmienda incorporada al dictamen a instancias de EH Bildu se refiere a la deducción por alquiler, apartado en el que se aumenta de 1.200 a 1.500 euros anuales la deducción máxima (15%) por alquiler de vivienda si es domicilio habitual, siempre que el sujeto pasivo no tenga rentas superiores a 30.000 euros y las cantidades satisfechas en concepto de arrendamiento excedan del 10% -en ambos casos excluidas las exentas-.

Esa deducción podrá ascender a 1.600 para quienes, cumpliendo los requisitos anteriores, sean menores de 30 años o constituyan una unidad familiar de las que se consignan en el artículo 71.1.c del Texto Refundido de la Ley Foral del IRPF, salvo que el padre y la madre convivan o tengan custodia compartida sobre los hijos comunes. Según se hace constar, se mantiene en 30.000 euros el límite de rentas para poder acogerse a esta deducción, ya que "más de 340.000 declarantes, del orden del 75% del total", están en esa horquilla.

En sintonía con esta cuestión, se ha aprobado una enmienda suscrita por PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin dirigida a recoger el incremento de la deducción por mínimo personal en el caso de unidades familiares monoparentales, ya que, al igual que en el resto de los descuentos por mínimos personales y familiares, ha de aumentarse un 3% para 2023 y otro 3% para 2024. Es por eso que, en el supuesto de las unidades familiares a las que se refiere el artículo 71.1.c), la deducción establecida en el artículo 62.9.a) se incrementará en 668 euros, salvo que el padre y la madre convivan o gocen de custodia compartida.

Las unidades familiares monoparentales verán incrementada la deducción en 654 euros por cada descendiente soltero o cada ascendiente que conviva con el sujeto pasivo -cualquiera que sea su edad-, siempre que aquellos no tengan rentas anuales -excluidas las exentas- superiores al indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) y, a su vez, acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 33%. Si esta es igual o mayor al 65%, la cuantía ascenderá a 2.291 euros anuales.

En el terreno de la vivienda, se ha determinado facultar a las entidades dedicadas al arrendamiento la posibilidad de reducir el rendimiento neto del capital inmobiliario en el supuesto de rentas derivadas del alquiler intermediado, siempre que este se efectúe a través de Nasuvinsa.

La contribución de UPN a la configuración del texto definitivo ha venido por la vía de del Impuesto de Sociedades, donde se ha optado por flexibilizar los plazos de materialización de la Reserva Especial de Inversiones dentro del período comprendido entre el año anterior y los dos siguientes, a contar desde el cierre del ejercicio con cuyos beneficios se adquirieron los elementos patrimoniales a que se refiere el apartado 3 del artículo 45 de la Ley Foral 26/2016. Vox y EH Bildu se han abstenido.

UPN también ha logrado incidir en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en concreto en las adquisiciones mortis causa. A tal objeto, se ha modificado la letra b) del artículo 11.c. para, con efectos desde el 1 de enero de 2024, posibilitar que el negocio o sociedad adquirido en herencia se pueda liquidar como consecuencia de un procedimiento concursal, sin necesidad de que transcurran previamente cinco años. Contigo-Zurekin ha votado en contra y Vox se ha abstenido.

Esa misa previsión se ha hecho extensiva a las adquisiciones mortis vivos, a propuesta de PSN y Geroa Bai, con la abstención de EH Bildu y el voto en contra de Vox.