Si algo ha demostrado que sabe hacer a la perfección el expresidente catalán Carles Puigdemont es mantener la tensión política y el pulso al Estado y la Justicia. Ahora, su figura vuelve a la primera plana política, ya que podría ser arrestado en caso de regresar estos días a Cataluña coincidiendo con el debate de investidura del líder del PSC, Salvador Illa, como president.
El juez que instruye el caso del procés en el Tribunal Supremo (TS), Pablo Llarena, mantiene activa la orden nacional de captura tras haberse negado a amnistiar la malversación. Ese mismo magistrado decidirá si ordena o no el ingreso en prisión de Puigdemont, que podría eludir la cárcel si presenta antes un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) en el que pida suspender de forma cautelar dicha orden.
Fue el pasado sábado cuando el fugado reiteró a través de una carta abierta su deseo de volver para el pleno, asegurando que su detención era «una posibilidad real en muy pocos días». Su letrado, Gonzalo Boye, aseguró a finales de julio que esa detención supondría el incumplimiento de la ley de amnistía. Por el momento, tanto el regreso del que fuera presidente catalán como su estrategia ante los tribunales son una incógnita. Cabe recordar que Puigdemont todavía no ha presentado recurso alguno ante el Constitucional contra el auto por el que Llarena rechazó amnistiar la malversación y acordó mantener la orden nacional de detención.
El expresidente podría acudir al tribunal y solicitar como medida cautelar que se deje sin efecto dicha orden. Si su defensa decide no actuar, Puigdemont podrá ser detenido una vez ponga un pie en España en virtud precisamente de esa orden por la que fueron condenados y posteriormente indultados la mayoría de dirigentes secesionistas.
Una de las opciones de Puigdemont sería plantear un habeas corpus en caso de considerar esa detención ilegal. Una vez en poder de los agentes, el líder de Junts sería puesto a disposición del juez, que le interrogaría y decidiría entonces si hay motivos para enviarle a prisión provisional. El riesgo de fuga es una de las principales causas para acordarla, y cabe recordar que Puigdemont ha estado huido durante casi siete años.
También juega en su contra la gravedad del delito de malversación por el que sigue procesado y que podría implicar una condena de hasta 12 años de cárcel. Con todo, para imponerle esa pena de prisión provisional alguna de las partes personadas debería pedírselo al magistrado. En esta causa Vox actúa, entre otras, como acusación popular y ya tiene anunciado que reclamará para el político de Junts el ingreso inmediato en la cárcel.
Otros procesos
La del procés no es la única causa judicial pendiente de Puigdemont. El juez de Barcelona Joaquín Aguirre ha pedido al Supremo -que todavía no se ha pronunciado- que le investigue por los supuestos contactos con Rusia para lograr apoyos para el independentismo.
Puigdemont también fue imputado el pasado mes de febrero por un presunto delito de terrorismo en el marco de la causa en la que se investigaba a la plataforma independentista Tsunami Democràtic. Sin embargo, el Alto Tribunal archivó la causa el pasado julio después de que se declarase nulo todo lo actuado desde 2021 debido a un error de la Audiencia Nacional.