SOS Racismo ha advertido ante el aumento de personas en situación de calle y familias con menores, también en situación de calle, que se encuentran en una "desprotección absoluta de derechos de protección social" así como de "vulneraciones" a familias solicitantes de asilo. Situaciones ante las que hay "una absoluta indiferencia por parte de las instituciones".

Así lo han indicado este jueves durante una rueda de prensa en la que se ha presentado el informe sobre el racismo en Navarra 2023 realizado por el colectivo. Una comparecencia en la que han participado, el representación de SOS Racismo, Beatriz Villaizán, Flavia Navarrete y Leire Gaspar.

Leire Gaspar ha afirmado que "cuando las personas migran desobedeciendo políticas migratorias" crean "una forma de disidencia a un sistema global injusto" que "les sitúa en un margen jurídico y social que normalmente pasa desapercibido porque va acompañado de una invisibilización aceptada social y jurídicamente". Ha destacado que "el racismo institucional" funciona manteniendo "a una parte de la clase trabajadora en la irregularidad mientras, por otro, genera una narrativa acerca de quién es sujeto de derechos y quién no, creando un chivo expiatorio a quien echar las culpas de los males del sistema".

Archivo: Racismo

Según recoge este informe, la Oficina de Denuncia Atención y Sensibilización de SOS Racismo atendió el año pasado 151 casos de manera presencial. El 55% fueron hombres, frente a un 45% de mujeres, el 62% tenía una edad comprendida entre los 19 y los 40 años y un 41% se encontraba en situación administrativa irregular.

En cuanto al "agente discriminador", en el 68% de los casos se trataba de una entidad pública, principalmente por "dificultades o trabas en el acceso a protección social". El segundo ámbito más amplio fueron las actuaciones policiales, con un 23%, incluyendo las denominadas "citas trampa', "situaciones de violencias por parte de agentes de policía" y controles de identidad "por perfil étnico".

Otros casos están relacionados con trámites de asilo y refugio -9%-; los "incidentes racistas, conflictos vecinales y trato discriminatorio en comercios" -8%-. Por otro lado, un 17% de los casos tuvieron a entidades privadas como "agente discriminador", de ellos el 6% fueron entidades bancarias relacionado con "las dificultades en apertura de cuentas bancarias".

Finalmente, un 10% se corresponde con personas a título individual, principalmente en ámbitos como la vivienda -6%- mientras que las "relaciones vecinales" suponen el 1%.

"TRATO DISCRIMINATORIO" EN EL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

En cuanto al sistema de protección social, SOS Racismo ha criticado la "falta de coordinación y criterios comunes entre las unidades de barrio y los servicios sociales de base, el departamento de Derechos Sociales y el área de alta exclusión del Ayuntamiento de Pamplona, cambios en los protocolos de atención, acceso y tramitación de prestaciones y ayudas".

Igualmente, han criticado un "trato discriminatorio en las atenciones, en las entrevistas se les cuestiona el motivo para migrar, se les obliga a que relaten nuevamente situaciones traumáticas que las revictimizan o se aconseja regresar a sus países".

A ello ha sumado "una denegación a la vivienda y al empadronamiento", en el acceso a la tarjeta sanitaria individual o a cursos de formación profesional y o de educación posobligatoria ni de aprendizaje de idiomas. También ha afirmado que "se han intensificado" los controles de movilidad policiales "por perfil étnico" con "cacheos" y, en ocasiones, un "uso de lenguaje racista o el uso desproporcionado de la fuerza".

Finalmente, ha alertado ante los "discursos de odio" en los que "se vincula a estas poblaciones racializadas con conductas delictivas, socialmente reprobables o como sujeto de situaciones de exclusión social".

"VULNERACIONES DE DERECHOS" A SOLICITANTES DE ASILO

Por otro lado, SOS Racismo ha llamado la atención ante las "vulneraciones a derechos" de las familias solicitantes del programa de acogida. Ha señalado que "no existe una adecuación del programa de acogida a las necesidades y condiciones de las personas solicitantes de asilo" y "no se garantiza la atención especializada a las necesidades específicas de las personas en situación de vulnerabilidad".

De la misma manera, ha considerado "muy grave" que algunas de estas familias han afirmado "haberse sentido chantajeadas, manipuladas y presionadas para aceptar esos traslados o renuncias voluntarias".

Desde SOS Racismo han censurado el funcionamiento de un sistema de acogida "que sigue anclado en una lógica discriminatoria y revictimizadora, donde son las personas quienes tienen que adaptarse a unas normas previamente fijadas desde arriba y que, en la práctica, arrebatan la dignidad de las personas que se acojan a él, convirtiéndose en ocasiones en una trampa social".

Por todo ello, han solicitado que estas familias "puedan acceder y permanecer en el programa de acogida" y que "se investigue y supervise el funcionamiento del programa de acogida, el acceso al sistema de protección social, y el acceso a los recursos habitacionales públicos".