Se niegan a reconocer que acogen manzanas podridas, que la corrupción ha cruzado puertas de importantes despachos de Moncloa y Ferraz. Rechazan todo, no aceptan que la mayoría de los jueces y fiscales se mueven exclusivamente siguiendo lo que marca la Justicia y que un puñado de periodistas trabajen buscando la verdad y, antes de publicar o dar voz a las denuncias que les llegan o al resultado de sus investigaciones, se cuidan de contrastar los datos que recopilan.
De cara al Congreso de Sevilla iniciado ayer -en el que es imposible no advertir el clima de preocupación desde Moncloa, que asume no solo lo concerniente al Gobierno sino también al partido-, la consigna es clara: sufren un «asedio» judicial. En la España actual, el victimismo se ha convertido en el principal argumento de defensa y, al mismo tiempo, de captación de votos.
Lo han utilizado eternamente los nacionalistas y ahora lo manejan con soltura y poder de convicción los independentistas, que han incrementado su poder gracias a que gobierna un hombre que no ha ganado las elecciones y cada día está necesitado de diputados con los que aprobar sus iniciativas. Lo que no había ocurrido hasta ahora era que lo empleara también el Ejecutivo apuntando a jueces y fiscales como impulsores del asedio, el acoso o la persecución que dicen sufrir.
Recién iniciado el Congreso es necesario tener en cuenta un dato relevante: se celebra en fecha adelantada y, cuando se produjo el anuncio, el comentario fue unánime; la decisión de Pedro Sánchez venía condicionada por la necesidad de demostrar públicamente que era el líder indiscutible de los socialistas. La debilidad se advertía día a día, a medida que se conocían noticias de corrupción que afectaban incluso a su círculo más cercano. A eso se sumaba el malestar profundo que se produjo en dirigentes del partido -sobre todo en los regionales- por los acuerdos a los que obligaban los socios del Gobierno, provocando un rechazo creciente que convenía abortar cuanto antes para no debilitar la imagen del secretario general.
Se asentó una sensación muy incómoda entre un porcentaje alto de militantes y simpatizantes del PSOE: la demostración palpable de que a la mayor parte de los miembros destacados del partido, miembros del Gobierno y altos cargos de las instituciones, les producía más indignación las cesiones fiscales al independentismo catalán y al PNV que los acuerdos con Bildu, partido que tenía como origen una banda terrorista que asesinó a casi 1.000 españoles, entre ellos cargos socialistas.
Era palpable desde hace meses que Sánchez perdía crédito e influencia, incluso se cuestionaba su honradez. Puso el foco en los jueces cuando empezaron salir noticias sobre cómo había conseguido Begoña Gómez una cátedra extraordinaria utilizando patrocinios de empresas a las que interesaban las buenas relaciones con Moncloa. Fue imputada, y también el rector de la Complutense.
La pérdida de crédito del jefe del Ejecutivo se acrecentó en las semanas siguientes, con nuevas publicaciones que profundizaban en los casos de corrupción que afectaban a importantes colaboradores del presidente. Tan es así que, cuando se llega al Congreso de Sevilla, la situación es preocupante para la supervivencia del PSOE como partido con un futuro brillante; aunque nadie duda que Sánchez será reelegido con un porcentaje superlativo de votos, que es precisamente lo que se buscaba con el adelanto de fecha.
Una situación patética
La situación es patética para el partido, aunque los sanchistas se niegan a reconocerlo. La misma mañana del inicio del cónclave, el exsecretario general del PSOE madrileño, Juan Lobato, comparecía ante el juez para explicar lo que había denunciado: desde Moncloa le habían hecho llegar un documento sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso para que lo esgrimiera en la Asamblea madrileña. Asesorado previamente, Lobato actuó con cautela y, aunque lo enseñó en el Hemiciclo, no llegó a atacar a la presidenta porque, de hacerlo, habría cometido un delito, ya que se trataba de un documento que recogía el acuerdo de conformidad de un ciudadano con un fiscal, que es rigurosamente secreto.
Meses más tarde, cuando se publican mensajes que podrían implicarle directamente en esa delictiva revelación de secretos, decide acudir a un notario para que levantara acta. De inmediato, un juez le convoca para prestar declaración y que lleve la copia del acta notarial, tal y como sucedió ayer. Lobato, consciente de que ha sido víctima de una maniobra para inculparle, renuncia a su cargo con una rotunda y dura declaración en la que dice que se aleja del partido mientras su dirección actúe sin respetar los principios de honradez y servicio ciudadano que él considera indispensables en política.
Tirar de la manta
Lobato se ha apartado del PSOE de Sánchez, que está en una situación de deterioro muy claro: si desde hacía meses los dirigentes regionales Emiliano García-Page y Javier Lambán demostraban abiertamente su distanciamiento con el líder del partido, a ellos se sumaron en las semanas previas al cónclave el secretario general de Castilla y León, Luis Tudanca, y el extremeño Gallardo, aunque no Lobato, que fue más lejos al anunciar que dejaba su cargo madrileño. Gallardo, por cierto, acababa de ser imputado por supuesto colaborador de la trama también presuntamente delictiva del hermano de Sánchez.
A ello hay que sumar la situación de Juan Espadas, anfitrión del Congreso como secretario general andaluz, que podría tener los días contados por la fuerte contestación que se vive en el socialismo de esta comunidad, que no levanta cabeza desde que Espadas se ha hecho cargo del partido.
Felipe González no ha sido invitado a la cita, rompiendo la norma de invitar a los exsecretarios generales de la formación. El lugar de honor se reservó para José Luis Rodríguez Zapatero, hoy asesor de Sánchez, y que podría ver empañado su futuro si se investigaran sus relaciones con Maduro y China.
El panorama se presenta incierto para el sanchismo: los tribunales tomarán decisiones tras llegar al fondo en las investigaciones sobre los pagos que Aldama asegura que recibieron cargos relevantes del PSOE. Dos personas más están dispuestas a prestar información a estos órganos sobre esas mordidas: el socio del comisionista y la mujer que asegura que llevó 90.000 euros en mano a Ferraz. José Luis Ábalos podría también revelar todo lo que sabe, que es mucho, si se ve acosado por los jueces, además de abandonado por Sánchez. Y Koldo está dispuesto a hablar si se le sigue presentando como origen y destino de toda una trama corrupta.
Eso sí, Pedro Sánchez estará al frente de la secretaría general del partido y, previsiblemente, será candidato a la Presidencia en las próximas elecciones.