La realidad refuta el testimonio del Gobierno. Tras estallar la guerra en la Franja de Gaza en octubre de 2023, el Ejecutivo aseguró tajantemente que ni compraba ni vendía armas a Israel en protesta por la invasión del enclave. Sin embargo, lo cierto es que el Ejecutivo adjudicó 46 contratos a empresas de armas hebreas entre el 7 de octubre de 2023 -cuando se produjo la masacre de Hamás- y el 24 de abril de 2025.
El dato fue adelantado ayer en un informe del Centro de los Estudios por la Paz de Barcelona a partir de los datos consultados en la Plataforma de Contratación del Estado.
En un comunicado, este organismo publicó un listado de los 46 contratos adjudicados a industrias militares israelíes por un valor total de 1.044.558.955 de euros.
Entre las operaciones para la adquisición de material bélico hebreo por parte del Gobierno destaca la compra de los lanzacohetes SILAM (576,4 millones euros) y los misiles Spike (237,5 millones euros), así como otros contratos con las empresas de defensa israelíes IMI Systems LTD, Netline Communications Technologies (NCT) Ltd y Guardian Homeland Security S.A, según recoge el informe.
El Centro de Estudios, sin embargo, reclamó centrar el análisis en un «prisma político, humanitario y ético» por las muchas víctimas civiles causadas por los bombardeos del Ejército judío y no en el impacto económico de la cancelación de los acuerdos formalizados o de las penalizaciones económicas que ello suponga. Este informe llega después de que el Gobierno acordase el pasado jueves rescindir de forma unilateral el contrato del Ministerio del Interior para comprar 15 millones de balas para la Guardia Civil a una firma israelí por importe de 6,6 millones, tras las presiones de Sumar y la amenaza de IU de abandonar la coalición que sustenta a Pedro Sánchez.
Críticas de Feijóo
En medio de toda esta tormenta que ha dejado totalmente señalado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, exigió saber quién tomó la decisión de rescindir el contrato de compra de munición en contra del criterio de la Abogacía del Estado (institución que avisó que habría que abonarla cuantía íntegra de la operación a pesar de no recibir las balas) y quién lo va a pagar, insinuando que deberían hacerlo los ministros «a escote». Tras asegurar que Grande-Marlaska debería dimitir, advirtió «que el interventor o alto cargo que firme esa rescisión del contrato deberá responder ante el Tribunal de Cuentas».
El Partido Popular anunció ayer que presentará una denuncia ante el Tribunal de Cuentas por la anulación de un compromiso ya firmado, esgrimiendo que es una resolución «arbitraria» y que responde a «motivos únicamente políticos» contra una adjudicación ya publicada «hasta» en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
También se pronunció la dirigente de Sumar y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, para apuntar, contrariamente a lo que señalan otros miembros del Gabinete socialista, que, «con seguridad», la empresa hebrea afectada va a litigar y que «habrá que dejar a los juristas evaluar si habrá o no penalizaciones», aunque ella considera que esta cancelación está respaldada por la legalidad.