El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, ha trasladado este lunes a los sindicatos presentes en la Mesa Sectorial de Educación "la firme voluntad" del departamento de desarrollar un proceso de negociación que permita "seguir profundizando en el proceso de mejora de la calidad de la educación impulsada por el Ejecutivo foral mediante una mejora de las condiciones laborales del profesorado".

Entre otras medidas negociadoras, Educación ha propuesto seguir avanzando en la reducción de ratios con criterios pedagógicos, ahondar en las medidas de refuerzo docente y codocencia, y avanzar con un grupo de trabajo en el análisis del trabajo administrativo que ahora afronta el personal docente para determinar posibles actuaciones.

Gimeno ha asistido este lunes a una nueva reunión de la Mesa Sectorial de Educación acompañado de los directores generales del departamento y ha reiterado el "compromiso" de mantener un diálogo con los representantes sindicales "que permita avanzar en acuerdos consensuados que consoliden nuevos avances en la calidad educativa y permitan la mejora del desempeño de la función docente".

El consejero ha repasado durante la reunión algunas de las actuaciones de su departamento en los últimos años y ha subrayado la "mejora innegable" en la calidad de la educación pública navarra, que por primera vez en su historia se acerca al 5% del PIB en inversión educativa. En el recién finalizado ejercicio de 2023, ha dicho, el gasto en educación por habitante fue de 1.417 euros, un 34,70% más respecto del inicio de la legislatura anterior, "siendo la comunidad española en la que más ha crecido el presupuesto educativo".

Gimeno ha destacado las mejoras introducidas por la aplicación de la LOMLOE y los cambios normativos que está experimentando el sistema educativo para reconocer a continuación "la legitimidad del colectivo docente en la demanda de la mejora de sus condiciones laborales".

EL DESCENSO DE RATIOS

A este respecto, ha informado el Gobierno, los sindicatos docentes han venido planteando una serie de reivindicaciones que incluyen aspectos como la recuperación de poder adquisitivo, una nueva reducción del número de sesiones de docencia directa, estabilización de plantillas y una demanda muy concreta sobre la que el departamento de Educación ha llamado la atención advirtiendo de "las inasumibles consecuencias que su aplicación supondría en el terreno presupuestario y de infraestructuras".

Según el cálculo del estudio realizado por Educación y que ha sido dado a conocer en la mesa sectorial, "aplicar el descenso lineal de ratios exigido por los sindicatos en todas las etapas educativas costaría 131 millones de euros únicamente para atender la financiación de los 1.122 nuevos grupos de alumnado que sería necesario crear en los centros".

Los responsables del departamento han explicado que reducir a 20 estudiantes la ratio máxima en el segundo ciclo de Infantil y Primaria, a 23 en Secundaria, a 25 en Bachillerato y a 15 en Formación Profesional, tal y como demandan los sindicatos, supondría, además, "un ingente coste presupuestario derivado de la necesidad de crear nuevas infraestructuras en todos los ciclos y centros educativos para albergar a los nuevos grupos, con una previsión de gasto multimillonaria".

Educación ha advertido durante la reunión de que "las graves carencias de espacios que generaría una reducción lineal de ratios impediría a muchas familias acceder al centro de su primera opción, generando una notable pérdida de calidad educativa". Respecto a los centros públicos navarros de FP, el departamento ha destacado que están un 25% por debajo de la ratio media de España y aplicar linealmente la reducción de ratios que piden los sindicatos podría conducir, se ha advertido, a una importante reducción en la oferta de ciclos formativos.

Respecto a la petición de reducción de una hora lectiva a cada cuerpo docente que demandan los sindicatos, el departamento ha informado a la Mesa Sectorial que esa solicitud costaría 25 millones de euros.

REIVINDICACIONES SALARIALES

Por último, y relacionado con las reivindicaciones salariales realizadas por los sindicatos docentes, Educación ha dado a conocer el cálculo basado en el cómputo de una pérdida media de poder adquisitivo de un 15% en el colectivo docente desde 2010 a 2023 y el resultado es que recuperar esa pérdida salarial supondría pagar 114 millones de euros. El coste total de las demandas sindicales sería, ha expuesto el departamento, de 270 millones de euros.

Como contrapunto para "iniciar un proceso de negociación real", el consejero Gimeno ha trasladado la oferta de profundizar en el proceso de reducción selectiva de ratios según los criterios ya alcanzados el pasado 2023 en el seno de la Comisión de Seguimiento del Pacto por la Calidad de la Educación, donde departamento y sindicatos acordaron constituir un grupo de trabajo que analizó criterios de refuerzo para los centros educativos que, atendiendo entre otros al principio de una distribución equitativa del alumnado, supongan en la práctica una reducción funcional de las ratios en los centros con criterios de equidad e inclusión. Hoy, Educación ha planteado que, como punto de partida, la Mesa Sectorial convalide esos criterios para seguir trabajando en esa vía de reducción de ratios.

Esta medida de reducción funcional de las ratios se uniría así a la reducción ya aplicada bajo el mismo criterio en el primer curso de Educación Infantil en aquellos centros educativos que presentan un índice negativo por la presencia de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, cuya ratio máxima fue reducida a 22 alumnos y alumnas en el curso 2022-2023. Esta ratio máxima se ha mantenido en el curso 2023-2024 en el segundo curso de Infantil para los grupos beneficiados por la medida y a ella se añadió este curso académico una nueva reducción de la ratio máxima en el primer curso de Educación Infantil (3 años) de 22 a 20 alumnos como máximo como instrumento para afianzar las medidas ya introducidas por el Departamento en la nueva normativa de escolarización. Educación ha reiterado que tiene plena intención de trabajar en la línea del refuerzo docente y en el concepto de docencia compartida como alternativas viables ya en marcha.

Los responsables del departamento han explicado que el incremento retributivo del personal docente en el sector público es una competencia exclusiva del Estado, sin perjuicio de que las comunidades puedan incorporar las adecuaciones retributivas que puedan ser necesarias. Por ello, Educación ha pedido a las centrales sindicales que presenten "una propuesta concreta justificada" de su demanda de aumento salarial al objeto de que pueda ser estudiada en el seno del Gobierno de Navarra y con el Estado. El consejero Gimeno ha reiterado su disposición a analizar las propuestas que los sindicatos puedan trasladar al departamento, pero ha repetido "que nunca cerrará acuerdo alguno sin la garantía de su adecuada financiación presupuestaria".

Finalmente, respecto a la reducción de la temporalidad estructural, el departamento ha reiterado que una vez finalizado el proceso de estabilización de la Ley 20/2021 se alcanzará el objetivo previsto en dicha Ley, y que con las ofertas de empleo ya aprobadas en la actualidad el departamento camina hacia una tasa de interinidad del 6,87%.