La Asociación de Fiscales (AF) advierte al Gobierno de que reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para limitar los plazos de investigación "solo conllevará mayores espacios de impunidad en la lucha contra delitos graves y complejos" como los relacionados con el terrorismo, la salud pública, la corrupción o los económicos.

Así lo señala la Asociación de Fiscales, que es la mayoritaria de la carrera fiscal, en una nota informativa. Y explica que así se lo han expuesto al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en la reunión que han mantenido este martes y que, añade, fue propuesta por él mismo.

La AF explica que el fiscal general es "perfecto conocedor de la problemática" surgida a raíz de la reforma del artículo 324 de la LECrim de 2020 --que fijó el plazo de instrucción en 12 meses-- y apunta que García Ortiz defendió en su momento "la derogación de dicho precepto". En este sentido, la AF indica que en la reunión ha planteado que desde la Fiscalía General del Estado (FGE) se impulse a derogación de ese artículo.

Esta propuesta llega después de que haya trascendido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abre la puerta a una reforma de la LECrim como parte de la negociación para convencer a Junts para que vote a favor de la ley de amnistía, que beneficiará a los implicados en el proceso independentista.

Por otro lado, la comisión ejecutiva de la AF ha pedido que se modifique "el insatisfactorio modelo de productividad" actual para superar "las notables diferencias entre fiscales". Y en lo relativo a justicia digital, mantienen sus exigencias, esto es, que se determinen las aplicaciones informáticas, que deben ser ágiles, y que deben facilitar la labor del fiscal y estar diseñadas por y para quienes deben operar con ellas.

Riesgos laborales

La AF también ha puesto sobre la mesa que se debe exigir "la creación de un servicio de prevención de riesgos laborales propio del Ministerio Fiscal", con autonomía presupuestaria y un plan en el que se determine la carga de trabajo razonable y proporcional para asegurar la salud de los fiscales, que atienda al listado propio y la determinación de las enfermedades laborales de los fiscales y que se tome en consideración para la determinación de las plantillas y a efectos de la productividad.

También ha evidenciado que se da un "defectuoso funcionamiento del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) tanto en formación continua como inicial", por lo que ha exigido "que la formación de los fiscales corresponda a los fiscales", que se potencie el conocimiento en materias troncales para los fiscales de acceso y que se agilicen los trámites para el acceso a los cursos.

En este sentido, pide que se supere el modelo de formación online y que se dé "una inmediata mejora de la cuantía aplicada a dietas, notoriamente insuficiente y que se mantiene inalterada desde 2005".

Nuevo estatuto fiscal 

En cuanto a los fiscales en expectativa de destino, la AF ha pedido a la FGE que se oponga a esa figura porque ese tipo de plaza se suele consagrar como habitual en las últimas promociones. Por eso, pide que se vuelva a la asignación de plazas en propiedad.

Por último, la nota informativa recoge que desde la AF se ha pedido que se impulse un nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) en el que se regule el estatuto del FGE, se refuerce el Consejo Fiscal como "órgano de representación democrática de la carrera", se alcance la autonomía presupuestaria y de gestión del Ministerio Fiscal, se den fórmulas de disentimiento frente a órdenes de superiores jerárquicos, y se genere un régimen disciplinario sin intervención del Ministerio de Justicia.