El 30 de enero de 2024 salieron a las calles los primeros tractores en Extremadura y Zamora en un movimiento coordinado por agricultores y ganaderos a través de redes sociales y grupos de Whatsapp que derivó en la creación de la plataforma independiente 6F, que meses después perdería fuelle. A esas tractoradas se unieron días más tarde las organizaciones agrarias ASAJA, COAG y UPA con su propio calendario de protestas, mientras que Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos también se sumó a numerosos cortes de carreteras y bloqueos.

La presión llevó al Gobierno a negociar el famoso paquete de 43 medidas para dar solución a los problemas del campo que finalmente solo firmaron UPA y Unión de Uniones. Por su parte, desde la Unión Europea se comenzó a flexibilizar la aplicación de la nueva Política Agraria Común (PAC), proceso que aún no ha terminado. Echando la vista atrás, las principales organizaciones agrarias coinciden en que todavía existen cuestiones pendientes de resolver y vaticinan nuevas protestas pero más focalizadas, sin la intensidad de las que se vivieron en los primeros meses de 2024.

El secretario de organización de ASAJA, Juan José Álvarez, ha reconocido que se ha avanzado en la simplificación de la PAC, pero que todavía existe «una burocracia muy grande que sigue ahogando la actividad agraria» junto al incremento de los costes de producción. A su juicio, persisten otros problemas en materia de seguros agrarios, fiscalidad, agua y las llamadas cláusulas espejo en las relaciones comerciales con países terceros, sin olvidar el acuerdo pactado a finales de año entre la UE y Mercosur, que «perjudica» a una serie de sectores.

Para Álvarez, el plan del Gobierno ha demostrado ser «insuficiente» y advierte de que seguirán con un calendario de movilizaciones si no hay soluciones, algo que analizarán en los próximos días los órganos de gobierno de esta organización agraria.

El secretario general de COAG, Miguel Padilla, tampoco ha descartado nuevas movilizaciones a la vista del paquete «incompleto» de medidas adoptadas y las dificultades que continúa teniendo el sector agrario, como la falta de jóvenes. Y ha destacado la amenaza que suponen para el modelo de agricultura profesional la entrada de fondos de inversión y grandes capitales, así como los acuerdos comerciales como el de Mercosur.

Padilla ha asegurado que siguen pendientes de la formación de precios en la cadena alimentaria y de la fase que se abre ahora para la negociación de la nueva PAC, teniendo en cuenta las orientaciones políticas de algunos países de la UE.

Cambios «impensables».

Por parte de UPA, su vicesecretario general, Cristóbal Cano, ha considerado que «el campo está hoy mejor que hace un año», por la mayor flexibilización de la PAC y la menor carga burocrática -«la Comisión Europea movió ficha en cuestiones que parecían impensables»-, aunque hay otros asuntos estructurales sin resolver en los que seguir trabajando. Reivindica que su organización ha negociado «poniendo por delante el interés general de los agricultores y ganaderos», con avances como el nuevo sistema de control fronterizo y el grupo de seguimiento de los flujos de importación, y pide a las fuerzas políticas reforzar la norma de la cadena alimentaria y que se tramite la prometida ley de agricultura familiar.

Ha admitido que algunos sectores lo están pasando mal como el ganadero, el cerealista, el vitivinícola y el apícola, «con motivos para las movilizaciones», y asegura que seguirán atentos a la falta de relevo generacional y de rentabilidad de las explotaciones, así como al impacto de las políticas comerciales, como en los casos de Estados Unidos y Mercosur.

En el caso de Unión de Uniones, su coordinador estatal, Luis Cortés, ha atribuido a las manifestaciones a nivel europeo las modificaciones «exprés» de la política comunitaria, una vez la UE «tomó nota del descontento de los agricultores por las medidas tan absurdas que había impuesto». Su organización, que saldrá beneficiada de la reforma de la ley de representatividad agraria actualmente en tramitación, echa en falta la aplicación de otra de sus demandas: el principio de reciprocidad -cláusulas espejo- en las normas del comercio agroalimentario y los acuerdos como el de Mercosur.

Cortés ve difícil volver a ver los tractores en las calles al mismo nivel que hace un año, pues «las circunstancias han cambiado», con mayor sensibilidad hacia el sector por parte de las instituciones comunitarias y mejores condiciones meteorológicas, lo que no evitará -ha augurado- que haya nuevas protestas sectoriales por razones concretas.